ayudas sociales

Maroto lanza una campaña popular para cambiar la Renta de Garantía

El lehendakari Iñigo Urkullu le pide que no impulse una Iniciativa Legislativa Popular

Javier Maroto e Iñigo Urkullu
Javier Maroto e Iñigo UrkulluL. RICO

El Gobierno y el Parlamento vasco lanzaron ayer las primeras advertencias serias al PP por agitar socialmente un asunto como el de la Renta de Garantía de Ingresos, que se ha construido en torno a grandes consensos. Los grupos parlamentarios socialista, y EH Bildu, por una parte, y por otra el Gobierno, desde el lehendakari Iñigo Urkullu hasta el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan Maria Aburto, alertaron de que impulsar una modificación de la legislación que afecta a esas ayudas a través de una iniciativa popular, como anunció que va a hacer el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, está rompiendo la actual “paz social”, al predisponer a los ciudadanos a un conflicto cuando se trata de un tema que se puede arreglar sin necesidad confrontaciones en la calle.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, aseguró por la mañana, tras reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, que sigue adelante con la idea de impulsar las 30.000 firmas necesarias para registrar en el Parlamento vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para endurecer el acceso a los inmigrantes a unas ayudas que la ley solo discrimina por recursos y empadronamiento, pero no por nacionalidad o color de la piel.

Aburto consideró un dato objetivo que el debate que impulsa el partido de Arantza Quiroga está rompiendo “la paz social” en torno a las ayudas sociales y poco después se preguntó “qué hubiera pasado si se llega a trasladar a la calle el debate de la pena de muerte en algunas circunstancias”. Por ejemplo cuando ETA secuestraba, extorsionaba y se cobraba decenas de víctimas al año.

Todos los partidos desconfían del PP sobre todo porque el anuncio de poner en marcha la ILP viene precedido de un largo debate impulsado por Maroto. Primero acusó a varios colectivos de inmigrante magrebíes, que acceden a las ayudas “pero no quieren trabajar” y poco a poco la polémica fue ganando temperatura y terreno. El PP aireó que los inmigrantes “son menos del 5% de la población y cobran más del 30% de las ayudas sociales”, como una manera de reforzar los argumentos de Maroto contra marroquíes y argelinos, y ayer el Parlamento fue el escenario en el que, otra vez el PP apeló al fraude de los inmigrantes como algo execrable. En este caso a raíz del caso del yihadista marroquí, Redouán Bensbih, que vivía en Barakaldo y que seguía cobrando la RGI y el complemento de vivienda después de morir en el frente sirio. Los socialistas y EH Bildu pidieron a la portavoz del PP que desista de esa vía y a Maroto que no vaya más allá con su campaña de firmas.

Aburto y los grupos alertan del riesgo de la propuesta de Maroto

“Este debate va precedido de una carga emocional que no es la adecuada para realizar una discusión sosegada en sede parlamentaria y donde no debiera de haber grandes problemas para ponernos de acuerdo, si es cierto que todos pensamos que el sistema es bueno y que hay que mejorarlo”, explicó Aburto en el Parlamento, después de que el PSE y la izquierda abertzale criticaran al PP por el uso que están haciendo de ese debate. Todos ellos sugirieron que la campaña del PP tiene mucho de electoral.

“Es hora de recuperar el consenso de 1989 para que quienes peor lo pasan sigan contando con la solidaridad de quienes tenemos la suerte de evitar recurrir a esa renta” pidió.

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