Cotino deja las Cortes acuciado por la sombra de los negocios familiares

El nombre de Juan Cotino, que deja en breve la presidencia de las Cortes Valencianas, ha aparecido en muchos de los escándalos que han afectado a la Generalitat esta legislatura. Una de las sombras que lo han acompañado en su carrera política ha sido la de los negocios de la empresa de su familia, de la que él mismo fue accionista hasta tres años después de entrar en el Consell.

Los apuros y aclaraciones que Miguel Arias Cañete tuvo que dar para convertirse en comisario europeo, por un posible conflicto de intereses entre su actividad privada y el cargo para el que había sido propuesto, contrastan con lo ocurrido con Cotino, que no dio explicaciones hasta hallarse acosado por acusaciones que lo vinculaban a casos de corrupción.

Su familia se benefició del cambio de las subvenciones de las residencias

Mientras que Cañete tuvo el 2,5% de dos empresas del sector petrolero, un portavoz de Cotino asegura que la participación del político valenciano fue aproximadamente el 7% en la empresa de su familia, Sedesa, hasta 2007, cuando se deshizo de las acciones. Cotino se había incorporado al Gobierno valenciano en 2004.

En algo más de una década, según los cálculos de los socialistas, el grupo familiar obtuvo de la Generalitat adjudicaciones por 850 millones, una parte de ellas en unión con otras empresas. Y también otros 200 millones de euros por prestación de servicios.

Cotino, representante en Valencia del sector católico del PP, dirigió tres consejerías entre 2004 y 2011. En esos tres ámbitos él o el grupo empresarial de su familia tienen o han tenido intereses económicos: Agricultura; Bienestar Social, y Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Sedesa se ha dedicado a la obra pública, trabajando entre otros proyectos en la ampliación del puerto de Valencia, la construcción de parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y los accesos a Terra Mítica. El grupo se ha dedicado a edificar viviendas, ejecutar depuradoras y gestionar residencias para la tercera edad. Cotino renunció hace meses a la exclusividad como presidente de las Cortes para cultivar caquis.

Cañete aseguró que mientras formó parte del Gobierno evitó intervenir en decisiones en las que pudiera tener “algún interés directo o indirecto”, llegando a ausentarse del Consejo de Ministros. Cotino, señala un portavoz, “siempre solicitaba un informe jurídico sobre incompatibilidad” al llegar a las consejerías que ha administrado. “En su departamento nunca adjudicaba nada a Sedesa, por sistema. Y las adjudicaciones que pudieran realizar otros departamentos no se deciden en el pleno del Consell, ahí ya se lleva todo cerrado”, afirma el portavoz. Esto es, Cotino no se levantaba del pleno del Gobierno valenciano cuando iba a aprobarse una adjudicación que beneficiaba a Sedesa.

La Ley del Consell estableció hasta 2007, tres años después de que Cotino formara parte de él, que los acuerdos del Ejecutivo se adoptaban en el pleno “con el voto favorable de la mitad más uno” de sus miembros. Aunque las decisiones recibieran un asentimiento general, ello implicaba el apoyo de sus miembros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en un informe sobre las empresas que figuran como donantes del PP en los papeles de Bárcenas, señala que en año 2004 el Consell adjudicó contratos por importe de 24,5 millones de euros a Sedesa. En 2006 los contratos se elevaron a 24,7 millones. Cotino aún tenía entonces participación en la compañía.

En 2007 el expresidente Francisco Camps cambió la norma que regula el Gobierno autonómico. La nueva redacción no especifica el funcionamiento de los plenos. Pero mantiene que las decisiones se adoptan mediante “acuerdos” adoptados por sus integrantes.

Cotino, admite su portavoz, participó en la aprobación de leyes, por ejemplo relacionadas con el territorio, que podían tener consecuencia para el grupo empresarial de su familia. “Pero igual que podía afectar a cualquier empresa del sector”.

Los pinchazos policiales en el caso  Brugal han revelan el interés de la empresa familiar por las consejerías de Cotino en la Generalitat

En 2008, cuando ocupaba la cartera de Bienestar Social, cambió el régimen de subvención de las plazas en residencias. Un sector en el que la empresa de su familia tenía intereses a través de su participación en Savia. La consecuencia fue más negocio garantizado por la Generalitat para Savia, que vio incrementadas en un 181% el número de sus plazas de residencia que recibían subvención del Consell.

Su departamento se defendió también entonces recalcando que el cambio tenía el mismo impacto para todas las empresas del sector y no podía hablarse por ello de trato de favor. Su portavoz justifica ahora, además, la ampliación del volumen de plazas subvencionadas mencionando que el cambio coincidió con la entrada en vigor de “la Ley de la Dependencia”. Este es el periodo de Cotino que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Los pinchazos policiales en otro caso de supuesta corrupción, Brugal, han revelado igualmente el interés con el que desde la empresa familiar se seguían los pasos del veterano político por las consejerías de la Generalitat.