La Junta pide a Rajoy que impida ya más inmatriculaciones de la Iglesia
El PSOE estudia presentar desde el Congreso un recurso de inconstitucionalidad
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido este jueves al Gobierno central que la entrada en vigor de la reforma de la ley Hipotecaria sea “de forma inmediata”, es decir, en cuanto sea aprobada en el Congreso de los Diputados. Esta modificación contempla la desaparición del privilegio que tiene la Iglesia católica para poder inmatricular bienes a su nombre, una cláusula que entre otras cosas ha permitido al Cabildo catedralicio de Córdoba registrar la Mezquita, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la reforma de la ley Hipotecaria, que data de 1946, no entrará en vigor hasta un año después de su aprobación. Según la Consejería de la Presidencia, esto “permitiría a la Iglesia disponer de más tiempo aún para seguir inmatriculando edificios a su propiedad”. De ahí que Jiménez Barrios haya pedido al presidente Mariano Rajoy que cambie el calendario.
PSOE e IU aprobaron hace tres semanas una resolución en la que se instaba a la Junta a utilizar “los mecanismos jurídicos y/o políticos oportunos” para que se declararan inconstitucionales los artículos de la vigente ley Hipotecaria.
Izquierda Unida ha sostenido este jueves que en este asunto “no se trata de una cruzada contra la Iglesia”, sino de “defender la grandeza del patrimonio” de aquellos que “quieren arrebatárselo”, según ha apuntado la diputada por Córdoba Alba Doblas. Jiménez Barrios ha rechazado también que “en pleno siglo XXI” siga vigente una ley que “equipara a diocesanos con fedatarios públicos”.
El consejero de la Presidencia ha abogado por utilizar el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados para intentar solventar este conflicto. Lo que no está claro es el hipotético recurso de inconstitucionalidad contra la ley o su reforma. IU propone acudir al Tribunal Constitucional. El PSOE lo que está barajando es que el recurso se presente desde Madrid y no desde Andalucía. Es decir, que sean los diputados socialistas los que acudan al Constitucional. Esta decisión aún no está cerrada, indican fuentes de la Junta.
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