Un funcionario admite que validó un curso de formación inexistente

El testigo clave de la macrocausa de los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya, el funcionario autonómico Teodoro Montes, ha admitido irregularidades en la ejecución y supervisión de dichos cursos subvencionados por la Junta. Montes ha declarado durante cinco horas ante la magistrada para ratificar el “descontrol” por parte del Ejecutivo en la vigilancia de los cursos, tal y como ya denunció ante la Guardia Civil en agosto de 2013.

Sin embargo, en su detallado relato, el jefe del departamento de gestión de Formación Profesional en Sevilla ha revelado que había acudido a un curso vinculado a la enfermería y atención a personas dependientes, y a pesar de que el curso no se había celebrado, él concedió los certificados a los supuestos asistentes. Ante el reconocimiento de esta irregularidad, por la que más de una decena de personas obtuvieron una certificación sobre cuidados de enfermería gracias a su autorización, la juez Alaya ha mostrado su sorpresa y hasta ha reconvenido su actuación, pero ni ella ni el fiscal ni las partes han detenido la declaración para alertarle de que al autoinculparse de un supuesto delito, su condición de testigo debía pasar a imputado y era preceptiva la interrupción de su testimonio, como a menudo ocurre en las declaraciones judiciales de testigos ante un viraje de estas características.

Montes ha alegado que dado que la empresa y la Junta habían incumplido su compromiso con los asistentes al curso, él consideró que debió concederles el certificado preceptivo. En el caso ERE la juez mantiene imputados a decenas de cargos de la Administración por haber incumplido la labor de vigilancia que considera lleva adscrita su responsabilidad, y por la que debían haber detenido el mecanismo que permitió los ERE durante una década, a pesar de disponer del amparo legal de los servicios jurídicos que en teoría amparaba sus actuaciones.

Ante la Guardia Civil, Montes censuró en términos muy duros que la Junta había adjudicado dinero de la formación de forma “arbitraria” a sindicatos, empresarios y fundaciones sin control, y responsabilizó a todos sus superiores “sin excepción” en la Consejería de Empleo. El funcionario alertó de que las “irregularidades” afectaban a la adjudicación, la gestión, el control y la justificación de los fondos de formación.

El empleado público admite que certificó la asistencia falsa de alumnos

Para ejemplificar el nulo deseo de vigilar los cursos por parte de la Junta, función encomendada a su departamento, el funcionario ha descrito cómo en su área pasó de contar con 30 personas a estar solo él durante el año 2013, sin teléfono ni conexión a Internet, para visar “miles de cursos”. A principios de este año, el departamento recuperó un poco su entidad al dotarse de cuatro personas. Para subrayar el descontrol del departamento de formación, ahora dependiente de la Consejería de Educación, Montes ha afirmado que aún hay más de 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir.

El testigo ha ratificado su declaración de hace un año ante los investigadores, pero ha matizado su acusación de nepotismo vinculada a “José Rivas” por conceder un curso de vigilante de seguridad a una persona cercana, y ha dicho no recordar a qué alto cargo se refería. Además, ha rechazado el descontrol sobre un curso del sindicato CC OO, pero tras las preguntas de la juez ha reformulado que este descontrol afectó a CC OO y otras entidades. En definitiva, Montes ha incidido en su declaración en el “descontrol” de la Junta, justificado por sus superiores ante la falta de tiempo material para justificar los miles de cursos concedidos, que derivó en el “café para todos”. Es decir, el dinero debía seguir fluyendo para no renunciar a los fondos que cada año aportaban la UE y el Gobierno central, a pesar de que ante la falta de personal, las justificaciones se postergaron sine die.

Montes llegó y salió escoltado de los juzgados, mantuvo un trato muy cordial con la juez y continuará su declaración el próximo martes. Su testimonio es la base argumental que sostiene la macrocausa de formación y por la que la Guardia Civil reclamó a la Junta todos los expedientes de la formación desde 2001.