El juez del caso Innova investiga si la Generalitat paga la defensa de Prat

El juzgado de Instrucción 3 de Reus (Baix Camp) que investiga el caso Innova ha decidido abrir una pieza separada para determinar si la Generalitat pagó con fondos públicos la defensa judicial del principal imputado en el macroproceso, Josep Prat. Éste fue presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector del conglomerado de empresas municipales de Reus, Innova. El juez lo imputa ahora en esta nueva pieza por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de dinero público. Prat tenía que declarar el pasado 1 de octubre por estos hechos pero finalmente el interrogatorio judicial se aplazó por encontrarse fuera de España. El juez no descarta, tras tomar declaración a Prat, citar en calidad de testigos al consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz y al consejero de Justicia, Germà Gordó.

La Guardia Civil intervino media docena de correos electrónicos entre Prat y su abogado, Xavier Melero, Ruiz y Gordó, que en el momento del intercambio de mensajes era Secretario de Gobierno de la Generalitat. El 4 de septiembre de 2012, Melero envía este mensaje al consejero de Salud: “Querido consejero: en relación al tema de Josep Prat, lamento molestarte, pero debo decirte que no tengo ninguna noticia sobre el pago de los dictámenes que encargamos para presentar a la Fiscalía de Reus y Tarragona. El coste de estos informes lo abonó nuestro despacho, el tema nos empieza a preocupar”.

El 25 de septiembre Melero escribe otro correo a Prat en el que relata: “Del tema euros, de momento, nada de nada”. Tres días más tarde, el abogado del expresidente del ICS insiste enviando otro correo titulado “Honorarios defensa Josep Prat” a Ruiz y con copia a Prat y Gordó: “Nadie ha contactado conmigo para resolver este tema. Pido una solución. Nunca me hubiese imaginado que esto acabaría de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar nada después de haberme paseado por todas las Fiscalías de Cataluña...”. Este mensaje fue reenviado al consejero de Salud por Gordó, quien añadió al texto: “Boi, ¿no me dijiste que estaba resuelto?”. Tras este cruce de mensajes, un informe de la Guardia Civil recogió que existen “dudas razonables acerca de si la Generalitat se estaría haciendo cargo de las costas de la defensa de Prat”.

La Guardia Civil resaltó que cuando se produjeron estas conversaciones el expresidente del ICS se encontraba denunciado en el juzgado de instrucción 3 de Reus “exclusivamente” por las facturas de 720.000 euros, iva excluído, cobradas desde Innova presuntamente de manera irregular por Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), y en la Fiscalía por supuestas ilegalidades denunciadas por la CUP sobre Innova. “Por tanto no se encuentra incurso en ningún procedimiento judicial penal de cuya defensa deba hacerse cargo la Administración Pública, véase la Generalitat”, esgrimió la Guardia Civil. El informe fue más allá, añadiendo que “esta asunción de pago de la defensa de Prat por parte de la Generalitat, como queda asumido en los correos mencionados, supuestamente con fondos públicos” podría suponer “un ilícito de malversación por parte de los ordenantes de dichos pagos [en referencia a Boi Ruiz y Germà Gordó] y de los receptores”.

El juez Diego Álvarez de Juan requirió a la Generalitat y al Departamento de Salud que certificasen si se había pagado a la defensa de Prat. “En ambos casos la respuesta fue que no pagó cantidad alguna en ese concepto”, relata un auto de juzgado de instrucción 3 de Reus emitido el 30 de septiembre. También citó a Melero como testigo.

La acusación popular ejercida por la CUP, que destapó el caso Innova, pidió conocer si la Generalitat tiene algún tipo de póliza o seguro contratado para alto cargos, como la presidencia del ICS. El juez asume en el auto estas peticiones y remarca: “Se está investigando la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y en los hechos investigados tiene una participación relevante Prat, que él es quien recibe diferentes correos electrónicos y es quién, además y según declaró el letrado Melero, acude a hablar con los altos cargos de la Generalitat al respecto”. El instructor del caso Innova también vuelve a requerir información al Departamento de Salud y la Generalitat en esta ocasión para que informen sobre el procedimiento para la defensa jurídica de altos cargos por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y certifiquen, como pedía la CUP, si tienen contratada alguna póliza de seguro o cuentan con una partida específica que cubra estos posibles gastos.

Con la apertura de esta pieza, el caso Innova pasa a estar formado ya por diez piezas separadas, la mayoría bajo secreto de sumario, más la causa principal, que hace referencia a los pagos de Manté, ya que fue el primer escándalo que se destapó. Por estas últimas facturas presuntamente ilegales Prat y Manté fueron detenidos por la Guardia Civil el 27 de febrero de 2013. Un día después el consejero de Salud salió en defensa de Prat. Ruiz defendió la "extraordinaria labor" de Prat al frente del ICS y calificó de "factor anecdótico" los pagos irregulares que llevaron a la Guardia Civil a arrestarlo.

Prat y Manté, que quedaron en libertad provisional, están imputados por estos pagos por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y delito contra la hacienda pública.