PSOE e IU acuden a la vía de urgencia para regularizar 25.000 viviendas

La nueva modificación de la ley urbanística andaluza que la Junta pretende acometer para regularizar entre 20.000 y 25.000 casas levantadas en parcelaciones aisladas en suelos no urbanizables estará lista en unos cuatro meses. PSOE e IU —socios en el Gobierno andaluz— han optado por utilizar la fórmula del proyecto de ley de medidas urgentes para acometer los cambios. A través de esta vía se modificarán tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Si se cumplen los plazos dados este martes por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, todo estará listo en enero, a cuatro meses de las elecciones municipales.

Estos cambios son algo parecido a una ampliación del decreto andaluz de 2012 que aspiraba a dar una salida a cerca de 250.000 casas ilegales de toda la comunidad. Fuera de esta posible regularización masiva se quedaron unas 25.000 edificaciones levantadas en parcelaciones —divisiones de terreno para la construcción de varias casas— aisladas en suelos no urbanizables. Aquel decreto autonómico vio la luz también en vísperas de otras elecciones, las andaluzas de 2012.

El anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta ha venido precedido de casi tres semanas de negociaciones entre PSOE e IU. Fue anunciado en el debate del estado de la comunidad por Susana Díaz, presidenta de la Junta. IU votó en contra de la propuesta en el Parlamento y argumentó, entre otros asuntos, que la solución a estas 25.000 casas no debía estar “sustentada en un ánimo electoralista”. Finalmente, PSOE e IU cerraron el viernes un acuerdo. Susana Díaz ha afirmado este martes que el cambio de la LOUA “no es una medida electoralista”, sino “la respuesta a un drama que sufren miles de personas”.

La Junta no salva las casas con orden de derribo, como pedía Reino Unido

La fórmula legal para hacer este cambio ha estado presente en el debate entre los dos socios. IU, a través de la Consejería de Fomento, se decantaba por intentar buscar una vía que no implicara modificar, de nuevo, la LOUA, según fuentes de la negociación. Pero no ha sido así. Entre las distintas salidas que había se ha optado al final por el proyecto de ley de medidas urgentes, más lento que el decreto ley que se barajaba al principio y más rápido que un simple proyecto de ley, que hubiera tardado al menos diez meses en completar su tramitación, han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente. María Jesús Serrano (PSOE) ha asegurado que se ha elegido la vía de medidas urgentes al haberlo “marcado” así los servicios jurídicos de la Junta.

En las negociaciones, los representantes de IU insistieron en dejar claro en la redacción del texto que la medida sólo podía afectar a las edificaciones de carácter “residencial”, algo que el PSOE terminó aceptando. Pero este aspecto, como el resto de cambios contenidos en el anteproyecto de ley aprobado, aún deben pasar el filtro del Consejo Consultivo de Andalucía.

En el texto también se incluye una disposición para obligar a los Ayuntamientos a completar los trámites que se incluían en el decreto de regularización de 2012. Los Consistorios son los que deben aprobar los avances —una especie de inventarios donde se identifican las urbanizaciones ilegales que tienen en su término— o establecer si son innecesarios. Una vez completado ese trámite, los propietarios deben cumplir con la segunda fase del decreto. Pero, tras más de dos años, sólo 223 municipios de los 774 andaluces —este martes la Junta ha aprobado la creación de uno nuevo: Dehesas Viejas, en Granada— han completado la primera fase. En el anteproyecto se incluye ahora una disposición en la que se da a los Ayuntamientos dos años para que inicien el proceso. Si no, la Junta “podrá asumir la identificación” y hacer el avance del municipio, ha señalado Serrano.

Una parte importante de las 25.000 casas beneficiadas por la nueva modificación de la LOUA están en el levante almeriense o en la Axarquía malagueña, en manos de británicos. En los últimos meses la Embajada del Reino Unido ha presionado a la Junta y había pedido soluciones también para los inmuebles que “están inmersos en actuaciones judiciales” o que “se enfrentan a órdenes de derribo”. Sin embargo, el texto aprobado establece que no podrán acogerse a la regularización las casas “incursas en un procedimiento judicial en tramitación o que sobre ellas se haya dictado resolución judicial o administrativa” de demolición.