La Junta aprueba el decreto para regularizar 250.000 casas ilegales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico en el que están envueltas y acceder legalmente, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", explicó ayer la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas por el decreto. La consejería dispone de algunos censos parciales de determinadas comarcas y de estimaciones. Gloria Vega González, secretaría general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló ayer que la Junta estima que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, bien porque están en suelos protegidos o zonas inundables, bien porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizables con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca podrán ser legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un "reconocimiento" jurídico como "asimiladas a fuera de ordenamiento". El decreto aprobado ayer introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Gracias a la nueva norma los propietarios podrán inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

"No pueden ser demolidas ni legalizadas", afirma Josefina Cruz

Josefina Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación del decreto tendrán que ser asumidos por los propietarios. Por ejemplo, los Ayuntamientos podrán imponer una tasa para que los dueños de las viviendas corran con los gastos de tramitación para obtener el "reconocimiento".

La consejera recordó que ya hay Ayuntamientos andaluces que llevan años aplicando medidas similares, pero en el caso de las parcelaciones o urbanizaciones ilegales, donde se les permite regularizar su situación siempre que los dueños corran con los gastos de urbanización y acondicionamiento de la zona.

La norma aprobada ayer fija como punto de partida la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que prevé la prescripción de los delitos urbanísticos a los cuatro años. Esa línea será la que marque el destino de las casas que se han levantado en zonas no urbanizables para lograr el reconocimiento jurídico.

"El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación", señaló ayer la consejera andaluza. "El decreto supone un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica", añadió.

La aprobación de esta norma cosechó ayer críticas. Por un lado, las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración pública para resolver el problema creado al respecto".

Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas que son ilegales "van a seguir siendo ilegales". Los populares acusaron a la Junta de "lavarse las manos y engañar a la ciudadanía". La portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, concluyó que el decreto es "demasiado complejo, ambiguo y contradictorio", informó Efe.