Desconfianza y corrupción

En política, como en todos los órdenes de la vida, hay un intangible que se llama confianza. Y, de hecho, la calidad de la convivencia es función de la fiabilidad que reconozcamos a las personas con las que nos relacionamos. La confianza no es una apuesta sin reservas, exige madurez y distancia, crítica y comprensión, porque más allá de estos términos se convierte en alienación o adhesión incondicional, que puede ser gratificante para la economía del deseo de algunos, pero casi siempre es anuncio de lo peor.

La confianza en las instituciones públicas y en las personas que las gobiernan está bajo mínimos. Esta desafección se venía gestando hace tiempo. En la década de los prodigios en que se impuso la idea de que en materia de dinero todo era posible, imperó la cultura de la indiferencia, de una ciudadanía alejada de la cosa pública, que se limitaba a votar cada cuatro años. Solo de vez en cuando algún arrebato moral —contra la guerra de Irak, por ejemplo— rompía la rutina. Ahora la desconfianza se ha hecho carne y la ciudadanía ha empezado a exhibirla, rompiendo la monotonía de un sistema político muy cerrado sobre sí mismo. Perder la confianza de los ciudadanos es perder la autoridad y cuando esto ocurre el gobernante tiene la tentación de dotarse de prótesis autoritarias para llegar dónde su poder de convicción no alcanza.

La buena noticia es la repolitización de la ciudadanía. La mala noticia es el cierre de filas entre PP y PSOE en defensa de su sistema. Las causas profundas de la desconfianza podrían resumirse en una: la falta de autonomía de la política. Estos días dos noticias se han hecho hueco en una actualidad monopolizada por la cuestión catalana: el caso Castor y las tarjetas en negro de Caja Madrid. Son dos ejemplos de una promiscuidad entre política y dinero que no es atribuible a casos aislados sino que es estructural al sistema político. En un capitalismo cada vez más oligopolista, el Estado, el sistema financiero y las grandes compañías de los sectores estratégicos, hacen uno.

El caso Castor es el proyecto de almacén de gas frente a las costas de Castellón que el Gobierno ha retirado, indemnizando a la empresa adjudicataria, al mando de la cual está Florentino Pérez, con 1.400 millones de euros, que pagarán los ciudadanos. Alguien en la Administración hizo el proyecto, alguien lo validó, alguien aprobó las normas del concurso y alguien decidió cancelarlo. Y esto ocurrió gobernando el PSOE y gobernando el PP. Nadie ha asumido la más mínima responsabilidad por un fracaso que repercute en el bolsillo de los ciudadanos. Si el proyecto era inviable, ¿quién se equivocó en ponerlo en marcha? Y si era viable, ¿por qué el Gobierno no lo mantuvo? De principio a fin, la práctica es sospechosa. Y la única que sale ganando es la compañía que se adjudicó la obra.

Caja Madrid es el icono de la promiscuidad entre política y dinero

Caja Madrid es el icono de la promiscuidad entre política y dinero. El espectáculo de los ejecutivos, los representantes de los partidos, los sindicalistas, tirando de tarjetas incontroladas y la sospecha de que esto es comportamiento habitual en grandes compañías hace imposible cualquier atisbo de confianza en unas instituciones habitadas hasta tal punto por la codicia.

Lo que la crisis de confianza desvela es un régimen en el que la corrupción es sistémica ¿Cómo restaurar la confianza, en esta situación? El PP está invalidado mientras desde la cúspide del partido no se asuman responsabilidades por el caso Bárcenas. El PSOE vive todavía en el desconcierto en que le dejó Zapatero, con los ERE andaluces en el cogote, y sin osar marcar distancias con el sistema bipartidista, y Convergència i Unió, otro partido del establecimiento, por más que el proceso independentista lo disimule, carga con el caso Pujol del que no se librará. No en vano, a pesar del impulso soberanista, CiU sigue perdiendo votos a cada encuesta.

En este contexto, los movimientos sociales están intentando la conversión en partidos políticos, a excepción de la ANC en Cataluña que confía la representación política a los partidos. Para entrar en el sistema de partidos sin convertirse en casta, como ellos dicen, habrá que conseguir que este cambie. De momento, la presión desde fuera no es suficiente. Lo único que se le ha ocurrido a Rajoy ha sido proponer una nueva ley electoral que le dé ventaja y frene a los partidos nuevos.

Crear un partido desde la fuerza de los sondeos, como es el caso de Podemos, requiere mucho tiento, el alud de tránsfugas y arribistas puede ser demoledor. Y, sin embargo, es imprescindible romper este sistema corporativo en que los partidos se han convertido en una correa de trasmisión entre el dinero privado y el gasto público, controlado por instituciones nombradas por ellos mismos. Llegar a la conclusión de que reformar las instituciones y restituir la confianza es imposible, equivaldría a dar por hecho que el tiempo de la democracia está finiquitado. Y que entramos definitivamente en el gobierno corporativo de los expertos, al servicio de las élites económicas. Desde el poder se sigue apostando a que, una vez más, se impondrán los principios de la servidumbre voluntaria: el miedo, el clientelismo y la costumbre.