Renuncia un miembro de la ’junta electoral’ del 9-N por falta de garantías

Apenas tres días después de ser nombrada por el presidente de la Generalitat, la comisión del control del 9-N, la junta electoral que ha de velar por la consulta soberanista se reunió ayer, pese al anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto firmado por Artur Mas. La reunión se celebró envuelta de secretismo por parte de la Generalitat, que no dio noticia del encuentro, pero que fue desvelado por el diario digital Crític. La comisión de control la componen juristas de reconocido prestigio y entre ellos figuran dos abogados.

Uno de lo integrantes de la comisión, Joaquim Brugué, nombrado a propuesta de ICV, se desmarcó ayer del resto de sus compañeros y no solo no asistió a la reunión, sino que anunció que renunciará al cargo porque considera que “no se dan las garantías democráticas” para celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre.

En su cuenta de Twitter, Brugué explica: “La renuncia es personal. Acepto todas las críticas, pero no puedo avalar una consulta que, en mi opinión, no ofrece garantías democráticas”.

Los siete miembros de la comisión de control fueron elegidos el miércoles por el Parlamento catalán con el único voto de los partidos soberanistas (CiU, Esquerra, ICV y la CUP), que previamente habían pactado los nombres. El resto de diputados del PSC, el PP y Ciutadans, no participaron en la votación y advirtieron de su ilegalidad y de las consecuencias del acto que se estaba celebrando.

Brugué, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue director general de Participación Ciudadana de la Generalitat con el primer Gobierno tripartito. Su renuncia puede abrir una brecha en la delicada unidad del bloque soberanista y ahora el Parlamento catalán debería cubrir la plaza que deja vancante.

A las 36 horas de ser elegidos por el Parlament, Artur Mas firmó el decreto de nombramiento en uso de las atribuciones que le confiere el cargo, según decía en el preámbulo, pero sin aludir para nada a la ley de consultas, de la que deriva la comisión de control del 9-N, y que está suspendida por el Tribunal Constitucional. “A los efectos de la vigencia correspondiente”, decía solamente el decreto de nombramiento de la comisión en un intento de blindarse ente el Constitcional. Los nombramientos salieron publicados el viernes en el Boletín Oficial de la Generalitat.

El Gobierno replicó a las pocas horas y el Consejo de Ministros acordó recurrir también ese decreto de creación y nombramiento ante el Tribunal Constitucional al entender que desarrolla la ley de consultas, que está suspendida temporalmente, además del decreto de convocatoria de la consulta del 9-N.

Y en el desarrollo de esa secuencia de decretos y sucesivas denuncias ante el Constitucional es cuando este domingo, los miembros de la comisión de control han dado un paso más y se han reunido, si bien no han estado sus siete componentes, ya que Brugué decidió no participar en el encuentro.