Urkullu cree que hay que aumentar el control de la Renta de Garantía
Sin embargo endosa al Parlamento la responsabilidad de una eventual reforma de la ley
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado en el Parlamento vasco que el Gobierno es plenamente consciente de que "es necesario incrementar el control de las ayudas sociales" aunque ha dejado clara la distancia entre mejorar el sistema y cuestionarlo de manera frontal, algo que el Ejecutivo no va a hacer. Es más, ha dejado caer que tiene que ser el Parlamento la institución que afronte esa tarea en base a grandes acuerdos y marque el camino en ese asunto al Ejecutivo.
Urkullu ha respondido hoy de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control por la popular Laura Garrido sobre los "cobros indebidos" de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cifrados por Lanbide en 56 millones de euros. "El Gobierno Vasco y Lanbide no van a bajar la guardia. Seguiremos trabajando por aumentar el control y reducir los abusos si los hubiere, en un marco de colaboración con todas las instituciones", ha manifestado.
El PP de Álava ha lanzado toda una ofensiva en contra de los inmigrantes de algunas nacionalidades que según denunció en su día el aclade de Vitoria, Javier Maroto, "no quieren trabajar". El debate posterior ha ido aportando algunos casos de fraudes puntuales, hasta el punto de que en el pleno había hasta seis interpelaciones y preguntas relacionadas con ese tema. Tras criticar al PP por la manera de afronatr ese debate, Urkullu ha defendido el actual sistema de protección social y se ha mostrado dispuesto a "mejorarlo", tal y como se ha ido haciendo durante los últimos 25 años.
Los inmigrantes no tienen ningún trato de favor"
"Los inmigrantes no tienen una ventaja o trato de favor, todas la personas deben cumplir con las mismas condiciones y requisitos", ha defendido Urkullu, en referencia en las declaraciones en las que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, aseguraba que los ciudadanos magrebíes viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar.
Por su parte el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha aclarado que el Gobierno no ha suprimido las ayudas a la conciliación, sino que por una "carencia de recursos", las solicitudes que no se han podido atender este 2014 se van a pagar con un "retraso" que ha calificado de "doloroso" con la partida del próximo año porque el Ejecutivo no puede ampliar la partida de 17,3 millones de ayudas a la conciliación laboral y familiar. Además ha cuestionado la eficacia de las ayudas al primer hijo, aunque no ha concluido que las vaya a eliminar.
El Ejecutivo va a responder a todas las solicitudes de ayudas a la conciliación que se han presentado este año. Aburto ha insistido en que los solicitantes no tiene que volver a pedir las ayudas, sino que tendrán una "atención automática" en el próximo presupuesto "si se cumplen las condiciones" necesarias. Según ha explicado, "no va a ser posible utilizar las partidas de otras materias para responder a la demanda de este año", decisión que ha calificado de "dura" porque "sabemos que estas ayudas son necesarias para poder conciliar las tareas en las familias". "El Gobierno no va a gastar el dinero que no tiene", ha insistido.
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