La Generalitat intenta privatizar de nuevo la incineradora de Constantí

La Generalitat ha sacado a subasta pública el negocio de la incineradora de residuos especiales de Constantí (Tarragonès) por 7,37 millones de euros. La planta, por sus características, es una de las pocas existentes en España ya que trata residuos que no pueden ser eliminados por vía ordinaria (combustión o soterramiento) como productos tóxicos o peligrosos, tejidos animales de alto riesgo, residuos que contienen azufre o tierras con restos de hidrocarburos, entre otras sustancias. La instalación incluso llegó a ser candidata a eliminar el arsenal químico de Siria.

La subasta se realiza a un precio de saldo, ya que el Ejecutivo catalán intentó desprenderse de la incineradora el año pasado a un precio mucho más elevado que el actual sin conseguir un comprador. Fue en enero de 2013 cuando la Generalitat sacó a la venta el 100% del capital de la empresa por un mínimo de 42,2 millones de euros. Entonces el PSC e ICV llevaron al Parlament las intenciones de CiU, afirmando que la venta supondría crear un “monopolio” a precio “de ganga” porque “la Generalitat llevaba invertido más del doble” de esta cantidad en la instalación, denunció Xavier Sabaté, diputado socialista. El PSC e ICV también alertaron del “peligro” de privatizar un negocio de “alto riesgo” para el medio ambiente y la seguridad ciudadana. El Ayuntamiento de Constantí temió que una vez en manos privadas, los controles de emisiones realizados por la Generalitat y la Universidad Rovira i Virgili (URV), menguasen.

La incineradora se construyó entre 1995 y 1998 tras demandarla las grandes empresas químicas y petroleras que operan a su alrededor

Pese a las críticas, el Gobierno catalán siguió adelante con su plan. Sin embargo, la venta fracasó, como también hizo fallida un procedimiento negociado posterior con empresas interesadas. Ante esta situación, el 28 de mayo, el Departamento de Economía encargó a la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat, la asistencia técnica en el “análisis de alternativas y definición de la solución para la privatización del negocio de incineración de residuos especiales de Constantí”, seg´`un figura en el  Diario Oficial de la Generalitat. Tras subrogarse un préstamo ligado a la planta, la Generalitat finalmente ha fijado ahora en 7,3 millones el precio de salida de su actividad negocial.

El PSC denuncia la nueva maniobra de la Generalitat. “Una vez se ejecute la subasta, la planta pasará a control privado con todo lo que esto implica, es decir, la priorización de los beneficios y ganancias económicas en detrimento de la calidad de los puestos de trabajo y el respeto por el medioambiente”, alerta Sabaté. El diputado socialista cree que la transacción perjudica a los vecinos del Camp de Tarragona, ya que se pierde "el control público de una instalación que trata los residuos de muchas industrias”. Sabaté también critica “la privatización encubierta y continua del patrimonio de todos los catalanes que está ejecutando el Gobierno de CiU”.

La incineradora de Constantí se construyó entre 1995 y 1998 tras demandarla las grandes empresas químicas, petroquímicas y petroleras que operan a su alrededor, en las inmediaciones de la ciudad de Tarragona. En un principio la infraestructura, que entró en funcionamiento en 2000, era propiedad pública en un 70,8%, Basf Española tenía el 9,7% de las acciones, Repsol Petróleo el 5,6%, y Bayer Hispania Industrial, Hoescht Ibérica, Aiscondel y Dow-Chemical Ibérica el 3,5% cada una. Después pasó por completo a manos de la Generalitat. Los activos pertenecían a Ecoparc de Residuos Industriales, sociedad que el Gobierno catalán liquidó el pasado 29 de julio, y operaba bajo el paraguas de la Gestora de Residuos Especiales de Cataluña (Grecat).