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El Parlament investigará el ‘caso Pujol’ y el fraude fiscal en Cataluña

CiU apoya la petición de toda la oposición para no quedar en minoría

Jordi Pujol, en su comparecencia en el Parlament
Jordi Pujol, en su comparecencia en el Parlament

El Parlamento de Cataluña ha acordado este jueves crear la creación de una comisión de investigación sobre el fraude y las evasiones fiscales, incluida la fortuna oculta en el extranjero del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. La resolución fue presentada por Esquerra, ICV y la CUP, aunque al final la suscribieron el resto de partidos. La aritmética parlamentaria dejaba a CiU en minoría, por lo que los nacionalistas decidieron sumarse y así hubo unanimidad.

Queda por ver ahora el alcance de los trabajos, pues los partidos ya mostraron ayer discrepancias. En los próximos días la comisión se constituirá formalmente, elegirá a un presidente y acordará el calendario de comparecencias. Si hubiera un adelanto electoral la vida de la comisión sería muy limitada.

En cualquier caso, todos los grupos, excepto CiU, coinciden en que uno de los primeros comparecientes ha de ser Jordi Pujol, pues el desencadenante de que se creara la comisión fue la confesión del pasado 25 de julio el expresidente de que había mantenido escondida en paraísos fiscales una fortuna desde septiembre de 1980.

El cambio de criterio de Esquerra Republicana ha sido decisivo para que se creara la comisión investigadora

El expresidente catalán ya declaró el pasado 26 de septiembre en el Parlament, en el marco de la comisión legislativa de asuntos institucionales, pero no aclaró prácticamente nada sobre la fortuna que supuestamente le dejó su padre, las personas que la administraron y el recorrido del dinero. El único dato nuevo que aportó fue que se trataba de un legado, que cuantificó en el equivalente de 140 millones de pesetas en dólares. Los partidos de la oposición salieron muy decepcionados de aquella comparecencia, pues Pujol no solo no contestó a ninguna pregunta, no aclaró prácticamente nada y  acabó riñéndoles por pretender hacer una “causa general” contra él. Incluso Convergència expresó su malestar por el tono del veterano político.

“Puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto”, proclamó Pujol, quien a renglón seguido añadió: “No he recibido nunca dinero a cambio de una decisión política o administrativa (...). Yo no he cobrado nunca, excepto de mi sueldo como presidente”. El formato elegido en aquella comparecencia, por imposición de CiU, permitió a Pujol contestar a todos los partidos de manera conjunta. Cuando acuda a la comisión de investigación, a la que tiene obligación de ir, deberá responder por separado a cada partido.

“No tenemos inconveniente en que se constituya la comisión (...), aunque muchos grupos sólo quieren convertir el Parlament en un plató de televisión, a ver quién logra el titular más potente”, dijo la diputada de CiU Mercè Jou.

"Hay que aclarar si en Liechtenstein hay duros sevillanos o catalanes", sostiene en PP

Esquerra mostró reticencias en un primer momento a que se investigara el caso Pujol, aunque después cambió de posición y eso ha hecho prosperar la comisión. La diputada republicana Gemma Calvet, que se mostró dócil con Pujol hace unos días, dijo ayer: “Nosotros no tenemos que señalar a nadie, ya están los tribunales para eso”. En otro momento pidió “a quien se sienta obligado a comparecer que lo haga voluntariamente”.

Marc Vidal, de ICV, aseguró que “ha habido una actuación de un clan para hacer negocios”, mientras que Jordi Terrades (PSC) anunció que pedirán que las conclusiones de la comisión se lleven a la fiscalía. Albert Rivera, de Ciutadans, insistió en que debe aclarar “si en el actual Gobierno de CiU hay alguien de la banda de Pujol”, mientras que para el PP, por boca de Santi Rodríguez, se trata de aclarar “si el dinero que hay en Liechtenstein”, en alusión a la posibilidad de que Artur Mas tenga cuentas en aquel país, “son duros sevillanos o duros catalanes”.

En el pleno de este jueves, PP y Ciutadans presentaron otra propuesta para crear una segunda comisión de investigación sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales a nombre de cargos o excargos públicos y sobre el enriquecimiento ilícito y el cobro de comisiones ilegales por parte de estos. Solo el PSC se sumó y la propuesta fue rechazada.

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