El exconsejero Fernández niega que diera instrucciones para cuatro ayudas

El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ha comparecido este miércoles ante la juez Mercedes Alaya tras la ampliación de su imputación por los ERE de las empresas Hitemasa, Primayor y Samec. Fernández se ha acogido a su derecho a no declarar pero, en un escrito entregado a la magistrada, ha negado que diera instrucciones al entonces director general de Trabajo Javier Guerrero sobre esos expedientes.

En el documento, el letrado de Fernández asegura que "no hay méritos y resulta por entero improcedente" la ampliación de su imputación. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo considera "absolutamente carente de soporte explicativo o acreditativo de su ajuste a la realidad" la acusación que le hace la juez al exconsejero. Fernández, quien también está imputado en el caso de los cursos de formación y está citado para declarar el 16 de octubre, "niega rotundamente haber dado instrucciones de ninguna clase" a Guerrero, en relación con los expedientes de Hitemasa, Samec y Primayor.

Respecto al de Hitemasa, el exconsejero precisa que el auto de la ampliación de la imputación se hace basándose en unos hechos que luego no se mencionan en el relato. En el ERE de Samec, la juez imputa a Fernández porque dio instrucciones a Guerrero para conceder una subvención a 22 trabajadores, aunque "a continuación en absoluto se hace referencia a prueba, indicio o atisbo de la existencia de tales supuestas instrucciones, ni se razona o motiva de ningún modo dicha afirmación", indica el escrito.

Para el ERE de Primayor, la juez le atribuye las mismas órdenes de Fernández al ex director general de Empleo para conceder una subvención a 52 trabajadores. Sin embargo, "a continuación en absoluto se hace referencia a prueba, indicio o atisbo de la existencia de tales supuestas instrucciones, ni se razona o motiva de ningún modo dicha afirmación", y en el auto tampoco hay mención a otro ERE, el de Inverjaén, a pesar de que se alude a ese expediente.

El abogado subraya que "las cuestiones de inadecuación o falta de idoneidad administrativo-presupuestaria analizadas en la instrucción en torno al programa presupuestario 31L" de Empleo, el que concedía los fondos para los ERE, "son cuestiones completamente alejadas del ámbito objetivo propio del Derecho Penal". En este sentido, indica que "no cabe mecánica e injustificadamente transmutar 'inadecuación procedimental' en 'arbitrariedad' prevaricosa y malversadora".

Con la comparecencia de Fernández, la juez concluye la ronda de declaraciones de 42 personas que comenzó la semana pasada entre nuevos imputados y a acusados a los que amplió la imputación. Estas declaraciones han sido las primeras de la juez después de que en agosto pasado elevara al Tribunal Supremo una exposición razonada del caso por la presencia de aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La mayoría de los citados, entre ellos ex altos cargos de la Junta, directivos de las empresas y personas que no tenían derecho a recibir subvenciones se han acogido a su derecho a no declarar por distintos motivos, algunos porque no les habían dado traslado de las actuaciones hasta poco antes de ser citados.