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La estrategia de Mas genera tensión en el seno del Gobierno catalán

La vicepresidenta, de Unió, pide que no se ponga en riesgo a los funcionarios

El Gobierno catalán ha diseñado una estrategia de resistencia a largo plazo para no dar definitivamente por perdido el proceso soberanista tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. La reunión semanal del Gabinete de Artur Mas estuvo monopolizada ayer por la votación del 9-N, y el mensaje a su salida fue el de mantener el rumbo pase lo que pase. Pero el debate en el seno del Ejecutivo resultó intenso, después de que la vicepresidenta, Joana Ortega, de Unió, insistiese en que no se puede poner en riesgo a los funcionarios responsables de preparar la votación.

“La determinación de la Generalitat es seguir adelante; la partida no ha terminado”, aseguró el consejero de Presidencia, Francesc Homs, de Convergència. La suspensión, sin embargo, sí ha tenido ya las primeras consecuencias. La Generalitat ha tenido que interrumpir la campaña publicitaria de la consulta en los medios de comunicación, aunque ayer mantenía activa la web institucional sobre el 9-N.

El objetivo de Mas es mantener el complicado equilibrio entre los mensajes de firmeza y el respeto a la legalidad. “El Gobierno de Cataluña no pliega velas”, resumió Homs para dejar claro que no capitulan. Al mismo tiempo admitía que la Generalitat ha tenido que adoptar medidas “temporales” para dar cumplimiento a las exigencias del Tribunal Constitucional. A la suspensión de la campaña de publicidad institucional se suma la interrupción de los preparativos de la consulta. Eso sí, Homs dijo que esto ya “estaba previsto” e intentó restar trascendencia a lo que consideró poco menos que como un contratiempo.

Los esfuerzos de Homs para mostrar normalidad contrastan con el vivo y en algunos momentos tenso debate en el seno del Consejo de Gobierno, según fuentes conocedoras de la reunión. Los consejeros de Unió, especialmente la vicepresidenta Ortega, hicieron hincapié en la necesidad de interrumpir todos los preparativos que puedan poner en riesgo a los funcionarios. O sea, pararlo casi todo. Algunos consejeros de Convergència insistieron en que no se podía dar una imagen de rendición. El titular de Economía, Andreu Mas-Colell, llamó a evitar que el proceso se dirima en movilizaciones en la calle y pidió que sea el Gobierno catalán quien lo lidere en todo momento.

Mas-Colell alerta del peligro de trasladar el conflicto a las calles

La Generalitat no incumplirá ninguna resolución judicial ni pondrá a los funcionarios en una situación de riesgo de inhabilitación, pero no dará ningún paso atrás sin que antes la obliguen a ello de forma expresa. En este contexto se enmarca el mantenimiento de la campaña informativa de la consulta a través de la web de la Generalitat. La idea es mantenerla activa si los jueces no obligan expresamente a cerrarla y si ello no implica riesgo para los funcionarios responsables.

El Parlamento catalán vivirá hoy otra escena de resistencia. Los grupos soberanistas pretenden que el pleno apruebe la creación de la comisión de control de la consulta, formada por siete juristas propuestos por los partidos. PP, PSC y Ciutadans exigieron ayer que este punto del día se retire, dado que la consulta —y todos los actos vinculados a ella— está suspendida. Los otros partidos justifican la votación con el argumento de que se puede escoger a los miembros de la comisión pero manteniéndola “congelada” hasta que se levante, en su caso, la suspensión.

De hecho, la Generalitat especuló ayer con la posibilidad de que, más allá de la suspensión cautelar, el Constitucional dicte sentencia en unas semanas. Al estar “convencidos” de la legalidad de la ley y de la consulta, en palabras de Homs, el Gobierno catalán presentará “en las próximas horas” un recurso contra la suspensión cautelar del referéndum y “en muy pocos días” un escrito en el que urgirá al Constitucional a que emita sentencia firme sobre los dos recursos del Ejecutivo central.

Más allá de la ofensiva legal, la Generalitat espera movimientos en el terreno político y en la calle. El presidente catalán ya ha comenzado los contactos con todos los partidos soberanistas para buscar una salida conjunta. También esperan manifestaciones de apoyo popular como las de ayer ante los Ayuntamientos. “Seguiremos adelante mientras haya unidad política y movilización ciudadana”, resumió Homs.

Pese al mensaje de firmeza del Gobierno catalán, algunos partidos soberanistas comenzaron ayer a inquietarse, informa Clara Gil. Miembros de la dirección de ERC aseguraron estar “preocupados” y “descontentos” con la retirada de la campaña institucional. “Esta no es la actitud correcta. La población tiene que ser desobediente, pero también el Ejecutivo catalán”, dijo el diputado de la CUP, Quim Arrufat.

 

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