El PP convalida en Las Cortes un suplemento de crédito de 302 millones

El pleno de las Cortes Valencianas ha validado este jueves, con los votos a favor del PP y la abstención de PSPV, Compromís y EUPV, el decreto ley aprobado en agosto por el Consell para conceder un suplemento de crédito por importe de 301,9 millones, que permite "contabilizar todos los conceptos FLA --susceptibles de ser financiados con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)-- pendientes a 1 de enero de 2014" y, por tanto, "ponerse al día en materia de pago social", en palabras del consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues.

Además, esa norma incluye una modificación de la Ley de Presupuesto de la Generalitat de 2014 para aumentar en 174 millones el límite de endeudamiento por la conversión en deuda financiera de créditos comerciales, medida que "no incrementa el déficit ni es más deuda para la Generalitat porque ya era deuda comercial" que, con esa refinanciación, "permite tener liquidez para atender fundamentalmente las ayudas para compra, alquiler y rehabilitación de vivienda" pendientes, que ascienden a 110 millones.

Así lo ha indicado Moragues en su comparecencia en la Cámara autonómica para presentar ese decreto, cuya validación ha calificado como "una buena noticia" porque permite "atender los conceptos pendientes de aplicación --que estaban en la cuenta 409 de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto-- anteriores a enero de 2014" y, de ese modo, "ponerse al día en materia de pagos, atendiendo prioritariamente el pago social, en sanidad, educación, bienestar social y vivienda", con fondos financiados al 1%.

Según ha explicado, esos 301,9 millones equivalen a los pagos a abonar por la Generalitat que cumplen los requisitos del FLA 2013 y se acude a la figura del decreto ley por el carácter excepcional de la ampliación del FLA, con el reparto de 3.000 millones de sobrante de los que la Comunitat obtuvo 935 millones, y por recurrir a un suplemento de crédito, en línea con las indicaciones de Sindicatura de Cuentas de que esa vía es más adecuada que las modificaciones presupuestarias a través de generación de crédito.

Moragues ha precisado que más de 281 millones -93 por ciento-- se destinaron a gasto corriente -capítulo dos-- de Sanidad,1,9 millones al mismo fin en Bienestar Social, 1,8 millones al capítulo de inversiones de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, cerca de diez millones a pagos con contratistas y proveedores de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 7,6 millones a Gobernación y Justicia, 7,4 de ellos para gasto corriente de la Administración de Justicia, y otros 154.515 euros para pagos del capítulo 2 de su departamento, de Hacienda y Administración Pública.

Al respecto, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha defendido que esas medidas evidencian que "el Gobierno valenciano cumple y paga" y que "el Gobierno de España ha atendido las necesidades de la Comunitat Valenciana y ha puesto a su disposición, en dos años, 9.430 millones de euros extra". Desde la oposición le han reprochado su "cinismo" de trasladarles "la culpa de que la administración no pague", en caso de oponerse al decreto, y han insistido en que esos fondos deberían provenir del sistema de financiación.

Julián López, del PSPV, ha advertido de que con un "decreto parecido, relativo al plan de proveedores de 2012, acabó cobrando un entrenador de Aznar y se pagaron yates de lujo para seguir la Volvo en Alicante", aunque ha remarcado que "pagar es prioritario, aunque sea a través de préstamos del Gobierno que sirven para pagar hoy pero agravan la situación económico financiera de la Generalitat porque hay que pagar intereses por ellos y devolverlos".

No obstante, ha reprochado al Ejecutivo estatal que "no ha querido tener dinero para reformar el sistema de financiación" y ha acusado a su presidente, Mariano Rajoy, de haber "incumplido sus compromisos con la Comunitat" y al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de haber "olvidado la necesidad de cambiar el modelo". En este sentido, ha reiterado que si el Consell "considera que no se está cumpliendo la ley, hay que ir a defenderlo a los tribunales".

Mireia Mollà, de Compromís, ha espetado a Moragues que "no está siendo un buen conseller" por no haber conseguido "el único encargo" que tenía, cambiar el modelo para poner fin a la "injusta penalización" a la Comunitat, al considerar que "lo de pagar se da por hecho", aunque en el caso de la Generalitat "puede que los proveedores lleven años sin cobrar, ahogados por impagos y con una situación de insolvencia grave" por haber "utilizado la cuenta 409 como cajón de sastre" para "facturas impagadas". De hecho, le ha preguntado si "por fin va a conseguir ese único encargo como conseller", a lo que ha agregado que "últimamente hay ministros que tenían encargos que cuando no lo hacen, dimiten", y que "puede" que si él "no consigue ya la reforma del sistema" también tenga que dejar su cargo.

El portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha lamentado que "el FLA es pan para hoy y hambre para mañana, como el que no llega a fin de mes y se dedica a pedir préstamos y está cada vez peor" y que supone asimismo "aceptar la intervención de facto del Ministerio de Hacienda", que considera "una cadena que no deja que el País Valenciano pueda salir de la crisis a la que le han llevado las políticas del PP". A su juicio, el decreto aprobado constituye "cambiar la bombona de oxígeno a la que estamos conectados por una más grande", dada la incapacidad de "respirar" solos por falta de un "sistema de financiación justo" y el hecho de no oponerse se debe precisamente a que "si no, igual se muere el paciente".