Unas vidas de perros en riesgo

El destino de los animales sin dueño de Paterna está en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un órgano dependiente del mismo debe decidir entre dos opciones radicalemnte diferentes cuál se lleva la adjudicación del servicio de recogida y custodia del municipio valenciano. Una es una protectora registrada como asociación sin ánimo de lucro, llamada Modepran (Movimiento y Desarrollo por la Protección Animal). Presta el servicio desde 2010 —"de manera muy satisfactoria", según el Ayuntamiento— y reivindica haber convertido a Paterna en "un referente de protección animal". La otra, en principio ganadora del concurso, es la mercantil aragonesa Centro Técnico Veterinario SL (en adelante, CTV), que no se compromete a una política de sacrificio cero y cuyo principal accionista, el veterinario José Abarca, cuenta en su historial con una denuncia por maltrato del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en 1998.

Uno de los dos bandos cree tener de su lado la razón, la ley y, ahora también, a la sociedad

Amparo Requena es abogada animalista y vicepresidenta de Modepran —"en mi tiempo libre, como todos aquí", puntualiza—. Para ella, la diferencia entre las concursantes radica en la naturaleza de cada una: "Ellos son una empresa privada, que lo que busca es sacar beneficio, mientras que nosotros ponemos dinero de nuestro bolsillo para garantizar el bienestar de los perros".

Asegura que los voluntarios —hay alrededor de 80 regulares— pagan operaciones y van a echar horas con los animales. Modepran, que también es adjudicataria del Ayuntamiento de Valencia, organiza campañas de sensibilización sobre la problemática del abandono, visitas a asilos de ancianos y centros de día para discapacitados y hasta un programa de reeducación para jóvenes conflictivos. "No solo no van a poder hacer la misma labor que nosotros, sino que, sin voluntarios, no van a sacar a los perros, y sacrificarán a animales antes o después".

"Nosotros no vamos a sacrificar, eso me ofende", exclama al teléfono José Abarca, que prosigue: "Todo empezó cuando ganamos el concurso. Tenemos una larga trayectoria [llevan más de 21 años en el negocio], somos profesionales y, si ganamos algo, nos van a detestar. Han creado alarma social".

En el Ayuntamiento proclaman también que, "en virtud de la Ordenanza Municipal de Protección de Animales, el compromiso de la alcaldesa, Elena Martínez, es que solo se sacrifiquen los animales que, por motivos de salud, no sean viables. Esto no se verá afectado por un cambio en la gestión". Sin embargo, ordenanza que mencionan permite explícitamente el sacrificio de aquellos ejemplares "no identificados ni acogidos". El pliego de condiciones para la adjudicación tampoco lo prohíbe. Así las cosas, lo que queda es el compromiso de los concursantes. Y en el resumen firmado por el propio Consistorio paternero aparece, textualmente, que mientras que "Modepran NO contempla el sacrificio de animales", "la empresa Centro Técnico Veterinario SÍ lo contempla".

José Abarca, además, reconoce que ni en Zaragoza ni en Huesca (donde llevan el servicio de ambas diputaciones) sacan a los perros de a pasear, aunque matiza que dentro de las instalaciones zaragozanas "tienen un parque". En cuanto a la denuncia por maltrato animal que interpuso contra él Seprona en 1998, asegura que "lo que pasa es que son muy llamativos" y que "no tenían demasiada idea de lo que hablaban". Y que, aunque en aquel entonces en CTV eran tres accionistas, "decidieron" ir solo a por él.

Lo que pasa es que son muy llamativos y que no tenían demasiada idea de lo que hablaban José Abarca, sobre una denuncia por maltrato animal del Seprona

"Que tengan bien claro que ni los socios ni el resto de personas que nos partimos la cara por los animales vamos a permitir que conviertan esto en una perrera a la antigua", advierte Requena. El lunes van a entregar las firmas recogidas (7.000 a través de change.org y 5.000 en papel) para que, además de velar por el bien de los peludos, "se cumpla la legislación".

La Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana, sobre protección de animales de compañía, reza que los ayuntamientos "podrán concertar la ejecución [del servicio de recogida y custodia] con entidades externas, dando prioridad a las Asociaciones de Protección y defensa de los animales legalmente constituidas que lo soliciten".

A finales del pasado mes de julio CTV salía ganadora del concurso, cuyo procedimiento se publicitó en marzo. Modepran había ganado en el apartado de criterios subjetivos —con 10 puntos sobre los seis de CTV—, mientras que la empresa aragonesa ofrecía el servicio más barato 72.145 euros anuales frente a 75.942). Modepran no presentó la fianza necesaria, que sin embargo sí habían abonado en el anterior concurso, en 2010 ("preguntamos y nos dijeron que no hacía falta moverlo", aseguran).

Después de la paralización del proceso por un recurso de Modepran, es el Junta Consultiva de Contratación Administrativa la que debe decidir desde Madrid. La espera es tensa en ambos bandos. Uno de ellos no solo cree tener la razón y la ley de su parte, sino que asegura que "la sociedad está empezando a despertar para la defensa de una serie de principios".