Agbar reclama al Tribunal Superior la gestión de ATLL

La compañía recurre ante la “inactividad” de la Generalitat para anular la concesión a Acciona

La desalinizadora de El Prat, uno de los activos que gestiona ATLL.
La desalinizadora de El Prat, uno de los activos que gestiona ATLL.Marcel·lí Sáenz

Agbar vuelve a la carga en los juzgados para intentar hacerse con la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). El grupo de servicios controlado por el grupo francés Suez Environnement recurrió el pasado 1 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "la inactividad" de la Generalitat, a la que acusa de desoír las diferentes resoluciones administrativas y judiciales que obligan a dar marcha atrás en la adjudicación al consorcio liderado por Acciona. El objetivo no es otro que forzar al juez a que obligue al Departamento de Territorio a ceder la gestión a Agbar.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) resolvió días después de la firma del contrato de gestión que la oferta de Acciona no cumplía el pliego de condiciones en lo que respecta a inversiones, por lo que tenía que ser descalificada de la puja. La Generalitat respondió con la petición de medidas cautelares que evitaran la ejecución de esa resolución y, desde entonces, el TSJC ha dictado diferentes autos en los que obligaba a acatar la resolución del OARCC. Pero el Gobierno no ha movido ficha en una operación con la que ingresará 1.000 millones de euros.

A la negativa de la Generalitat Agbar ha respondido con una ristra de recursos. Ahora, convencido de que el Ejecutivo de Artur Mas únicamente intenta ganar tiempo, el grupo presidido por Ángel Simón ha optado por interponer un recurso contra la inactividad de la Generalitat. Persigue que sea el juez quien obligue a ejecutar la resolución del OARCC. En el último escrito, al que ha tenido acceso este diario, carga las tintas y denuncia que la Administración "está ofreciendo una resistencia recalcitrante que ahora ya solo puede entenderse en el marco de una arbitrariedad dolosa".

Los argumentos del letrado de Agbar, el catedrático Santiago Muñoz Machado, van más allá y llegan a insinuar que la responsable del gabinete jurídico de la Generalitat podría afrontar "consecuencias de orden penal" ya que "no ha de suponerse mera ignorancia" en su actuación, sino que es "fruto de la más recia arbitrariedad".

Tanto el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, como el de Territorio, Santi Vila, han defendido la resolución del concurso y han advertido de las consecuencias de anularlo. Según el gabinete jurídico de la Generalitat, supondría indemnizaciones de "difícil o imposible reparación" para el consorcio liderado por Acciona, al que se debería reembolsar los 298 millones de euros que ya abonó, las inversiones efectuadas hasta ahora, los costes financieros derivados de la operación y el denominado lucro cesante.

Ni Acciona ni BTG Pactual, los dos principales accionistas de la oferta vencedora, han provisionado recursos por si los tribunales le retiran la concesión. Dan por hecho que sus intereses se impondrán en el Tribunal Supremo e incluso han recibido una misiva en la que la Generalitat les garantiza una indemnización si cancela el contrato.

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