El Gobierno vasco responderá en 15 días todas las peticiones de los ciudadanos

La administración pública vasca deberá responder en quince días a todas las peticiones de información de los ciudadanos, y, de no recibir respuesta o denegarse la solicitud , podrán apelar ante la nueva Agencia Vasca de Transparencia, Gardena. Así lo indica el proyecto de Ley de Administración Pública Vasca que ha aprobado este martes el Gobierno vasco y  que pasará ahora a ser debatido en el parlamento.

El proyecto asume gran parte de los límites de acceso a la información pública que establece la normativa estatal aprobada a finales de 2013 (protección de datos personales, seguridad pública, secreto profesional...), por los que un ciudadano no podría recibir la información requerida, pero reduce a la mitad el tiempo máximo en que las distintas administraciones vascas deben responder a las peticiones.

La ley hace referencia también a la posibilidad de que los ciudadanos consulten en Internet los nombramientos y ceses de altos cargos, los planes que quiera impulsar el Gobierno, el listado de empresas adjudicatarias y el nivel de endeudamiento de las sociedades públicas, entre otros aspectos.

Asimismo, se publicará la relación e importe de las ayudas concedidas por la administración a partidos políticos, patronales y sindicatos, entre otros beneficiarios. Incluso aparecerán los trabajadores liberados sindicales, el número de horas que dedican a la tarea y los costes asociados a su labor. Los vascos podrán hacer aportaciones, a su vez, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto. Todo lo controlará Gardena.

Otro aspecto novedoso de la Ley de Administración Pública Vasca es la posibilidad de que el ciudadano participe en la elaboración de los reglamentos y decretos del Gobierno a través de la Iniciativa Reglamentaria Popular, que será, según el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka,  "una figura más encorsetada" que la Iniciativa Legislativa Popular actual.

El proyecto de ley limita, asimismo, la creación de entidades públicas, ya que se deberán justificar "debidamente" su necesidad y acreditar que no supone una duplicidad con una sociedad ya existente. Un vez aprobada su constitución, deberán inscribirse en el Registro de Entidades del Sector Público Vasco.

El consejero de Administración Pública ha explicado que este proyecto de ley nace con la intención de "modernizar y actualizar" la administración vasca y que su contenido se articula en dos grandes bloques, uno referido a la organización del sector público y otro con "los principios del buen gobierno": participación, transparencia y colaboración ciudadana.