De Andrés cifra en 13 millones el posible coste de empadronamientos ilegales

El diputado general de Alava, Javier de Andrés (PP), ha dicho hoy que el empadronamiento "ficticio" de 1.252 inmigrantes a cargo de SOS Racismo puede haber costado al erario público 13 millones de euros al año por el pago de prestaciones sociales.

De Andrés, en su comparecencia habitual tras la reunión del Consejo de Diputados semanal, se ha referido hoy al emplazamiento que le hizo SOS Racismo a él y al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, para que se retractasen de sus declaraciones sobre este colectivo y las ayudas sociales a magrebíes si no querían que se querellasen contra ellos.

El portavoz de SOS Racismo de Alava, Fede García, anunció que si ambos dirigentes populares no se retractaban formalizarían la querella al considerar que les han calumniado por decir que esta entidad llegó a empadronar hace años a 1.252 inmigrantes en su sede, un comportamiento que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó en 2010.

De Andrés ha insistido hoy en que SOS Racismo "ha reconocido" que hizo esos empadronamientos "ficticios" en su sede de Vitoria y ha dicho que si esas 1.252 personas cobraron los 866 euros de Renta de Garantía de Ingresos en un año "la broma" de este colectivo "ha costado 13 millones de euros".

Ha dicho que estos cálculos "justifican" las declaraciones que hizo al acusar a SOS Racismo de ser "ejemplo de saqueo de las ayudas sociales" y ha anunciado que no tiene ninguna intención de retractarse ni de "responder a ningún ultimátum ni a amenazas por defender una opinión".

De Andrés ha considerado que obviamente la "voluntad" de SOS Racismo cuando decide empadronar a estas personas que no vivían en Vitoria era que pudieran "beneficiarse" de las ayudas sociales existentes en el País Vasco.

Ha reclamado una reflexión para acometer cambios legales en este asunto, porque ha habido un "error" a la hora de planificar el uso de la RGI, con decisiones de "alguien que ha querido ser muy generoso con el dinero de los demás".

Por último, tras reconocer que no sabe si todas esas 1.252 personas empadronadas de manera ficticia cobraron la RGI, ha concluido que puede ser que no solo hayan cobrado la renta básica durante un ejercicio, sino que podrían haberla cobrado más años y sus cálculos se queden cortos.