Una ley decepcionante

El Consejo de Ministros aprobó en agosto el anteproyecto de nueva ley de fundaciones. Las organizaciones implicadas esperábamos esta propuesta con interés, pero nos ha decepcionado. El Gobierno ha resaltado que su texto fomenta la transparencia y buenas prácticas de gobierno de las fundaciones. Y destaca la lucha contra el fraude y un registro único dependiente del Ministerio. Pero el anteproyecto tiene dos lagunas: restringe la participación de la sociedad civil y se aleja de los países europeos en materia de desgravaciones fiscales.

Tras los recortes presupuestarios, fundaciones y ONG han padecido una merma de los fondos que recibían de las administraciones públicas. Hace unos años, las subvenciones recibidas eran muy generosas; según mi criterio, excesivamente abundantes. Esto llevó a muchas ONG a depender casi exclusivamente de esas ayudas desatendiendo concienciar a la sociedad de la necesidad de colaboraciones altruistas.

Las fundaciones que dependían en exclusiva de la magnanimidad de la Administración lo pasan mal desde que se cortaron las subvenciones. Por esto esperábamos con ilusión la nueva ley de fundaciones. Es necesario comprometer a los ciudadanos con los intereses generales, para que organizaciones particulares lleguen donde no llega la Administración pública. En España no hay tradición al respecto y este anteproyecto es una ocasión perdida.

Siempre que se compara la participación de nuestra sociedad civil en proyectos sociales con otros países de Europa o Estados Unidos, se llega a la conclusión de que los españoles somos menos solidarios. Falsa impresión. Las desgravaciones por donaciones en esos países van desde el 60% o 75% en Francia, según sea para las empresas o particulares, y puede llegar hasta el 100% en determinados supuestos en Austria y Estados Unidos. Sin embargo, en España el máximo desgravable por particulares es del 25%, y del 35% para empresas. La propuesta gubernamental debería haber acercado estos porcentajes a los europeos. En lugar de eso, nos encontramos una ley más restrictiva.

Este anteproyecto introduce, entre otras novedades, el establecimiento de un régimen sancionador para patronos y secretarios no patronos. Esas sanciones van a resultar disuasorias para quienes estamos en varias fundaciones, sin más interés ni beneficio personal que nuestra apuesta personal por la solidaridad: suponen restringir el derecho de fundación y la participación de la sociedad civil en la realización de actividades de interés general. Por eso la Asociación de Fundaciones Andaluzas, AFA, ha hecho una declaración mostrando su disconformidad con el anteproyecto. También resulta desalentador que la reforma limite las posibilidades de las fundaciones para autofinanciarse.

La propuesta del ministro de Justicia es burocrática, frena la participación y coarta la financiación. Esperemos que en el trámite parlamentario haya más visión de futuro y un mayor sentido del interés general.

Concha Yoldi es presidenta de la Fundación Persán y vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluza