La mitad de los perfiles de pirómanos con los que trabaja la Guardia Civil son de gallegos

El 48,1 por ciento de los cuestionarios empleados por un equipo de trabajo formado por psicólogos criminalistas de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Universidad Autónoma de Madrid para la elaboración del perfil psicosocial del incendiario forestal proceden de Galicia.

Así lo destaca la Memoria Anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se indica que el objetivo de este perfil es analizar las características de los autores (detenidos e imputados) de incendios forestales, en busca de un procedimiento que facilite a los investigadores la identificación de los autores de nuevos siniestros cuando todavía se desconoce su identidad (perfilamiento criminal), por si ello permitiera elevar la tasa de esclarecimiento de estos delitos contra el medio ambiente, que es históricamente muy baja.

La metodología empleada en el estudio consiste en la cumplimentación de un cuestionario socio-psicológico, elaborado 'ad hoc', a cargo de los funcionarios policiales que instruyen diligencias, aprovechando los datos contenidos en las diligencias de inspección ocular (datos del hecho) y de declaración del sospechoso (datos del autor).

Dichos cuestionarios anónimos se envían a la Unidad Coordinadora, donde se depuran y graban en una base de datos, que luego se somete a análisis estadísticos modernos y fiables. Así, a lo largo de estos años se ha ido componiendo una base de datos que cuenta en la actualidad con 1.087 incendios forestales con autor detenido o imputado, de los que han resultado válidos para el análisis 654 de ellos (el resto no puede tenerse en cuenta por falta de información en la mayoría de las variables).

De los 552 presuntos autores detenidos y/o imputados en el año 2012 por incendio forestal, se llegaron a recopilar 308 cuestionarios, de losque resultaron completamente válidos 231 de ellos (en los tres añosanteriores se recopilaron, respectivamente, 201, 118 y 123 cuestionarios). La Guardia Civil cumplimentó el 73 por ciento de los mismos, seguidos de las Policías Autonómicas (23%) y de los Agentes Forestales (3%).

Desde el punto de vista territorial, se constató que casi la mitad de los cuestionarios llegaron de Galicia (48,1%), seguidos de Andalucía (19%), Comunidad Valenciana (9,1%) y Castilla y León (7,4%), echándose de menos "una mayor cantidad de cuestionarios del resto de comunidades autónomas", destaca el documento.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha triplicado los asuntos tramitados desde 2006, año de su creación, hasta 2012, según destaca la Memoria anual a la que ha tenido acceso Europa Press. El documento precisa que, en total, se han formulado un total de 1.061 escritos de acusación, la mayoría de los cuales tienen su origen en denuncias directamente presentadas en la Fiscalía.

De este número, 73 escritos eran referentes a Medio Ambiente, 535 a Ordenación del Territorio y Urbanismo, 13 a Patrimonio Histórico, 222 a Flora y Fauna, 135 a Incendios Forestales y 83 relativos al Maltrato de Animales Domésticos.

Destaca el dato referido a las sentencias de condena dictadasdurante el año 2012, un total de 799. De ellas, las más numerosas eran relativas Ordenación del Territorio y Urbanismo (467), a Flora y Fauna (119) y a Incendios (115). Por su parte el Tribunal Supremo dictó a lo largo del dicho año un total de 11 sentencias condenatorias, de las que cinco lo fueron por delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, cinco por delito contra la Ordenación del Territorio y Urbanismo y una por Incendio Forestal.

Entre los casos más destacados de los que se ha ocupado la Unidad Coordinadora de Medio Ambiente durante el año 2012, se encuentra la captura de aves fringílidas mediante la utilización de liga --un método de captura prohibido por su carácter no selectivo--; la extracción ilegal de agua que ponía en peligro "gravísimo" el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel; la competencia desleal de agricultores freseros en fincas de secano en Doñana y la sustracción del agua para el desarrollo de esta actividad; o el comercio ilegal de gases que agotan o deterioran la capa de ozono (HCFC R-22).