Alaya imputa al exconsejero Ángel Ojeda por los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha imputado al empresario y exconsejero de la Junta Ángel Ojeda por recibir 33,3 millones en ayudas del Gobierno andaluz en su nueva macrocausa por los cursos de formación. Ojeda se convierte así en el segundo imputado de esta causa tras el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y el caso toma impulso a la espera de recibir la numerosa documentación que esta semana escanea la Junta y que Alaya estima puede superar los dos millones de folios.

La juez acusa a Ojeda de malversación y prevaricación continuados, tal y como ha avanzado Diario de Sevilla, y le achaca haber logrado 33,3 millones en subvenciones “gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos”. Alaya estima que su anterior posición como alto cargo del Gobierno andaluz fue la razón para que recibiera tan alta suma de ayudas públicas. El grupo de Ojeda fue receptor de numerosas ayudas incluidas en el plan de la Junta desarrollado en la Bahía de Cádiz desde 2007 cuando la multinacional Delphi cerró sus puertas y despidió a 1.904 trabajadores.

Tras la petición de la Fiscalía de Cádiz hace 10 días para que el magistrado Miguel Ángel López Marchena, titular del Juzgado 2 de Cádiz, se inhibiera en favor de la juez Alaya, López Marchena inquirió a esta si efectivamente instruía una causa que afectaba directamente al exconsejero Ojeda, y la respuesta de la magistrada fue positiva, lo que ha precipitado su imputación en el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla. Si el juez López Marchena aún no ha dictado formalmente su inhibición, entonces Ojeda está imputado en dos juzgados por los mismos hechos supuestamente delictivos. El exconsejero fue detenido y puesto en libertad el pasado agosto tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz por haber recibido estas ayudas.

“En poco más de año y medio las entidades pertenecientes a D. Ángel Ojeda Avilés, antiguo consejero de la Junta de Andalucía, integradas todas ellas en el Grupo Prescal habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por él”, censura Alaya en su último auto del pasado 11 de septiembre.

Alaya menciona en su auto el atestado de la Guardia Civil enviado a su juzgado en el que “se evidencia graves irregularidades en las concesiones de subvenciones a cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”. Posteriormente, la juez ha recibido el informe emitido por el Ministerio de Empleo sobre las inconveniencias del plan de Delphi, por el que los inspectores de Trabajo acusan de fraude a la Junta de Andalucía por simular “relaciones laborales”. La primera consecuencia ha sido las multas por 8,3 millones a nueve empresas que participaron en el dispositivo de ayudas, entre ellas varias del exconsejero Ojeda, unas multas que están ahora en proceso de alegaciones.

Esta censura del Gobierno central es destacada por Alaya en su auto, que acusa a Ojeda de contratar a antiguos trabajadores de Delphi mediante una “relación laboral simulada”, tras destinar 17,9 millones a pagar salarios y seguros sociales. “El resto se dedicó a actividades de formación, subcontratando tales entidades dicha actividad con otras empresas del Sr. Ojeda”. Alaya critica que dicha subcontratación no estaba autorizada en la resolución de concesión.