El pacto por el agua pública propone prohibir los cortes de suministro

Los partidos (PSOE e IU, principalmente) y una docena de organizaciones vecinales, de consumidores (UCA), ecologistas y científicas (Fundación Nueva Cultura del Agua) y de otros ámbitos ultiman el contenido del pacto por el agua pública en Andalucía, que pretende blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras. La iniciativa, que defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, intenta prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo e incluso promover el consumo del “grifo” frente a la comercialización de botellas.

La propuesta de pacto llegó el pasado martes al Grupo Socialista en el Congreso y también ha  pasado por representantes de Izquierda Unida. La intención, tras conseguir el respaldo de las formaciones mayoritarias de izquierda, es trasladarla también al Consejo Social de Andalucía y que, ya con el aval de todas las organizaciones, llegue a los Ayuntamientos y a otras comunidades, como Murcia, donde está previsto que se presente una iniciativa similar el próximo día 3 de octubre.

Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos, por lo que se rechaza el acceso de empresas privadas a su accionariado en cualquier proporción. Numerosos Ayuntamientos como los de Huelva, Jerez, Granada, Jaén, Almería o El Puerto de Santa María (Cádiz) defienden que mantener la mayoría del accionariado les asegura el control municipal. “Nada más lejos de la realidad. Una vez que entra la empresa privada, no se facilita la fiscalización y empiezan a facturar bienes, supuestos servicios y equipos que se compran a ellos mismos y proponen subidas de los recibos para garantizar los beneficios empresariales que persiguen”, afirma Luis Babiano, gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas y promotor del pacto. El pasado año, el Ayuntamiento de Huelva permitió un encarecimiento del recibo en un 10,3% por un “importante descenso del consumo”, “revisión del IPC” y “otros conceptos”. El primero de los argumentos, la disminución de la demanda, justificó el 60% de la subida. Por el contrario, el pacto se fija como principio el uso del “mínimo recurso necesario para satisfacer las necesidades”.

Empleo. El pacto por el agua sostiene además que “la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos”, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores también deben tener asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.

Solidaridad. Uno de los principios básicos de la propuesta es la solidaridad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago. En este sentido, el acuerdo propone que em los reglamentos municipales se prohíban las suspensiones de suministro en los supuestos de incapacidad económica.

Del mismo modo, en el ámbito del principio de solidaridad, el 0,7% del presupuesto del ciclo del agua se destinará a la “colaboración en programas de cooperación al desarrollo en materia de recursos hídricos, aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo necesiten”.

Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.

Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.

De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.

Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el "control social" del recurso, con transparencia y "participación ciudadana efectiva", previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio).