La UE tiene 20 años para recuperar la calidad de sus aguas y acabar con todos los vertidos tóxicos

Tras múltiples debates, negociaciones y un proceso burocrático de más de tres años, la Unión Europea cuenta ya con una directiva marco sobre el agua que va a cambiar la cara de sus ríos, sus costas y sus aguas subterráneas. Una vez aprobada ayer por el Parlamento Europeo, los países de la UE están obligados a remangarse y ponerse a trabajar para lograr que de aquí a un máximo de 20 años las aguas hayan recuperado su calidad original y no sufran vertido peligroso alguno. La directiva declara que el agua es "un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal".

La directiva entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, lo que ocurrirá previsiblemente este mismo mes, y la Comisión Europea ya se ha adelantado al publicar un listado de 32 productos cuyo vertido se considera prioritario evitar. Se trata de productos como el benceno, el cadmio, el plomo, el fluoranteno o la trifuralita.En términos generales, la directiva marco del agua, que declara que "el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal", pretende mejorar la calidad del medio ambiente y promover la "utilización prudente y racional de los recursos naturales". El Parlamento Europeo ha logrado introducir los principios más ecologistas y, además, imponer plazos que obliguen a los países miembros a lograr los objetivos marcados. "Lo más importante es que tiene carácter vinculante", dice la socialista Maruja Sornosa.

La directiva obliga a que, "a más tardar en 2010", la política de precios del agua "proporcione incentivos para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos". Igualmente, los vertidos peligrosos han de desaparecer de forma paulatina en "un plazo no superior a los 20 años" a partir de ahora.

El control de los planes hidrológicos va a ser exhaustivo. La directiva obliga a los países miembros a legislar antes de diez años siguiendo sus directrices y éstas hablan de transparencia informativa de los planes hidrológicos para que todas las partes, incluido el usuario, sean oídas. Además de notificar a la Comisión Europea los planes y todos los cambios que se realicen, éstos deberán estar plenamente justificados. También se impone la necesidad de coordinarse con los países fronterizos que comparten cuencas para hacer planes conjuntos, lo que en el caso español obliga a trabajar coordinadamente con Portugal.

La eurodiputada popular española Cristina García-Orcoyen asegura que sacar adelante esta directiva ha sido una tarea dura y complicada. Frente a las posturas más "ecologistas", España ha conseguido introducir cierta flexibilidad. Por ejemplo, la directiva tiene en cuenta "los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas" para ampliar los plazos o para evitar una sanción.

También, en determinados casos, "estará justificado el incumplimiento de evitar un nuevo empeoramiento o de lograr el buen estado de las aguas" si ello se debe a "circunstancias imprevistas o excepcionales, en particular a inundaciones o sequías, o a que lo exija un interés público superior".