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el caso de las ayudas ilegales

Euskadi abona los 30 millones de la multa de las ‘vacaciones fiscales’

Las haciendas vascas ingresan el importe de la sanción en el Ministerio de Hacienda, que da por "cerrado" el expediente

Reunión del Gobierno y las diputaciones vascas en la reunión del Consejo de Finanzas de julio de 2013.
Reunión del Gobierno y las diputaciones vascas en la reunión del Consejo de Finanzas de julio de 2013.

El caso de las vacaciones fiscales ya es historia. Tras 15 años de pleitos con los tribunales europeos, el Gobierno vasco y las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han zanjado definitivamente este affaire con el pago de los 30 millones con que fueron multadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en mayo de este año. Las instituciones vascas hicieron el ingreso de la citada cantidad el pasado 1 de agosto, según confirmaron ayer a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo autonómico, que ha actuado como “intermediario financiero” en la resolución del caso, remitió el pasado 30 de julio una carta a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en la que comunicaba oficialmente la decisión de las instituciones vascas de abonar el importe de la multa, lo que hizo efectivo el primero de agosto. El Ministerio de Hacienda da así por “dar por concluido el expediente” tras considerar el “pago voluntario” de la sanción impuesta por la justicia europea se ajusta a los acuerdos alcanzados entre los Gobiernos central y vasco.

Las mismas fuentes informaron de que el procedimiento se cerrará definitivamente una vez que un Consejo de Ministros apruebe expresamente el acuerdo y sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, como establece el artículo 15.3 del real decreto 515/2013, que regula “los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”.

El Consejo de Ministros dará carpetazo al caso de las ayudas ilegales

La sentencia del Tribunal europeo de Justicia condenó al Reino de España al pago de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales en los años noventa. Las haciendas de los tres territorios ya habían recuperado el 100% de estas ayudas (alrededor de 500 millones) antes de conocerse el fallo del TJUE, pero fueron sancionadas por el retraso —tardaron más de una década— en reembolsar dichas cantidades.

Tras la condena, las instituciones vascas decidieron “de común acuerdo” hacer frente a la sanción multimillonaria, cuyo reparto fue pactado en una reunión del Consejo Vasco de Finanzas el pasado 23 de julio. En dicha cita se acordó que el Ejecutivo autonómico asumiría el 70% (21 millones) de la sanción porque éste es el porcentaje que Euskadi gestiona del dinero recaudado por las haciendas forales. El 30% restante recaería en las tres diputaciones de acuerdo con los coeficientes establecidos por la Ley de Aportaciones. Así, a Álava le correspondía el 16,6% (1,4 millones), Gipuzkoa un 33% (casi 2,98 millones) y Bizkaia un 50% (4,5 millones).

El reparto se adoptó con el apoyo unánime de las cuatro instituciones, aunque la Diputación guipuzcoana, gobernada por Bildu, expresó su posición “crítica” con el acuerdo. Martin Garitano aprovechó entonces para imputar al PNV, principalmente, pero también al PP y a la patronal vasca Confebask, la responsabilidad en la multa recibida por las vacaciones fiscales.

Las subvenciones en cuestión fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006. El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión Europea tumbó seis regímenes de ayudas fiscales aprobadas por las diputaciones vascas y exigió su devolución. Solicitó al tribunal europeo que impusiera a España una multa de 64 millones (25.817 euros por día transcurrido desde la sentencia). Una de las abogadas generales del tribunal apoyó en enero imponer una sanción a España, aunque propuso una cantidad de 50 millones, menor que la sugerida por la CE. Finalmente, el TJUE la dejó en 30 millones de sanción.