La Junta publicará los expedientes de las entidades que deben devolver fondos

Paralelamente a las investigaciones judiciales, la Consejería de Educación —que ahora tiene las competencias en la formación para el empleo— mantiene abierta una especie de auditoría al pasado. Se están revisando 8.505 expedientes de ayudas de formación concedidas por la Junta entre 2007 y 2011. Los expedientes anteriores a 2007 ya han prescrito. De momento, esta revisión —a la que se dedican en exclusiva 64 interinos contratados expresamente— ha dado como resultado que la consejería dicte resoluciones de reintegro en 581 expedientes, que la Junta publicará en breve. Las entidades —entre las que hay Administraciones, empresas, sindicatos y asociaciones— deben devolver 17,4 millones.

El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha asegurado que “cuanto antes” se harán públicas las resoluciones definitivas de reintegro de esos 581 expedientes. Dentro de este grupo hay entidades que no han presentado los justificantes de gastos necesarios y otros casos en los que las empresas e instituciones “renunciaron” a las subvenciones, ha apuntado Alonso. Por ello, se difundirán las entidades y las razones concretas por las que se exige ahora la devolución de las ayudas.

La figura del reintegro es habitual en la normativa que rige las subvenciones que otorgan las Administraciones. En verdad, lo que está haciendo ahora la Consejería de Educación es comprobar las ayudas que se dieron durante cuatro años, un proceso que no se hizo en su día. La rueda de las subvenciones siguió rodando gracias a las exoneraciones, un resquicio legal que permitía a las empresas seguir recibiendo fondos a pesar de que la Junta no había comprobado en qué habían gastado las ayudas de años anteriores.

La Junta —que está preparando una nueva ley de formación— pretende endurecer los controles. Se impedirán, por ejemplo, las exoneraciones y que las empresas cazasubvenciones accedan a estos fondos. En esta misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha pedido más controles. “Es mucho dinero el que se utiliza, nuestro y de la Comisión Europea”, recalca.