Discapacitada, abandonada y desahuciada

Apoyada en una muleta, Rosa Martínez, de 69 años, decía este lunes a la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia que estaba demasiado nerviosa para hablar. Su historia la contaba Liliana Moreno, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Según Moreno, Martínez padece una discapacidad física del 72%, mantiene a un hijo de 42 años con problemas psiquicos, ingresa 340 euros de su pensión no contributiva y su marido, cuyo último trabajo conocido fue el de vigilante de un garaje, se marchó hace dos años de casa sin dar explicaciones tras haber solicitado un crédito personal con garantía hipotecaria por cuyo impago está a punto de quedarse ahora en la calle la mujer.

"Estoy en una situación muy mala. No puedo pagar la hipoteca, me van a desahuciar y estoy esperando a ver si hay justicia", explicó brevemente y visiblemente sofocada Martínez delante de la pancarta que unos 40 integrantes de la PAH desplegaron ante la sede de los juzgados de Valencia.

La mujer, que en su momento denunció a su marido por abandono del hogar, debe 55.000 euros al Banco Primus, una entidad portuguesa con la que según los miembros de la plataforma antidesahucios que han asesorada a la mujer ha sido muy difícil ponerse en contacto porque solo tienen una sede en España (en Madrid, avenida Paternón) y un teléfono en el que siempre responde un "contestador automático".

Martínez y varios miembros de la PAH lograron, sin embargo, entrevistarse con un responsable de la entidad financiera. "Le propusimos la dación en pago de la vivienda y un alquiler social que ella pudiera pagar, pero se negaron rotundamente", relató Moreno.

José Luis González, portavoz de la plataforma, lamentó que la normativa aprobada por el Gobierno para paliar la escalada de desahucios excluya casos como el de Rosa Martínez. La mujer cumple el parámetro de ser pobre de solemnidad, pero el crédito no fue solicitado para adquirir el piso, como requiere la ley, sino, según afirman, para hacer una reforma en la vivienda, situada en el barrio valenciano de Tendetes, en el distrito de Campanar.

En un mes, si el juez que dirige el procedimiento o la Audiencia de Valencia no lo impiden, la mujer tendrá que abandonar la casa.

El Instituto Nacional de Estadística publicó en julio su primer cálculo de ejecuciones hipotecarias, que situó a la Comunidad Valenciana como tercera autonomía con más lanzamientos, 4.282 en los tres primeros meses del año.