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El Joan XXIII deriva 300 operaciones a una clínica propiedad de Innova

El hospital del Tarragona solo ha utilizado este verano cuatro de los 11 quirófanos disponibles

El hospital Joan XXIII de Tarragona, perteneciente al Instituto Catalán de la Salud (ICS), derivará unas 300 operaciones a la clínica Centro Médico Quirúrgico Reus (CMQR), propiedad del Ayuntamiento de Reus e investigada por el caso Innova (el centro está gestionado por el Grupo Sagessa, el ala sanitaria del holding de empresas municipales de Reus, Innova). Un portavoz de la clínica confirmó ayer que, a partir del 15 de septiembre, operarán pacientes del Joan XXIII “a petición del Departamento de Salud”. La mayor parte de estas intervenciones, añadió, será de juanetes —una de las 14 operaciones con tiempo máximo de espera de seis meses garantizado por ley—, pero también se realizarán intervenciones de menisco o recuperación de ligamentos cruzados.

La Junta de Personal del Joan XXIII, que destapó el traspaso de pacientes al CMQR, criticó que se deriven enfermos “mientras el Joan XXIII mantiene la mayor parte de sus quirófanos cerrados”. De hecho, de las 11 salas quirúrgicas disponibles, en los meses de verano, el hospital solo ha abierto cuatro de ellas por las mañanas y una tres tardes a la semana. Los trabajadores achacan el cierre de quirófanos y la derivaciones de pacientes “a los recortes presupuestarios” que han sufrido los hospitales del ICS.

Por su parte, el delegado de los servicios territoriales de Salud en Tarragona, Josep Mercadé, argumentó ayer que el traspaso de enfermos es “una medida excepcional, y de ninguna manera un pacto para enviar intervenciones de manera sistemática”. El titular de Salud en Tarragona aludió al compromiso del departamento de llegar a fin de año sin pacientes en lista de espera por encima de los seis meses en las 14 operaciones garantizadas —en junio de 2014 eran unos 17.000— para justificar las derivaciones. Mercadé añadió además que en el Joan XXIII hay “puntas” de acumulación de pacientes en algunas intervenciones, como artroscopias y juanetes. “Frente a las opciones que se plantearon para resolverlo surgió la posibilidad de derivar a los pacientes al CMQR. Se pusieron de acuerdo el Joan XXIII y Sagessa”, detalló.

El centro sanitario al que se derivan los pacientes es investigado por el juez por fraude fiscal

Según Mercadé, el protocolo consiste en llamar a los pacientes “no complejos” y ofrecerles la posibilidad de operarse en la clínica de Reus. Las pruebas preoperatorias, como análisis o radiografías, en cambio, correrán a cargo del Joan XXIII. Con todo, el responsable de Salud en Tarragona eludió explicar las condiciones económicas del pacto.

La Junta de Personal criticó la opacidad con la que se puso en marcha la medida. “En una reunión el 26 de agosto nos informaron de que una parte de los pacientes serían derivados, si querían, a otros hospitales de la zona porque, por domicilio, les correspondían estos centros. Pero no nos dijeron nada de que iba a mandar a 300 pacientes a esta clínica”, protestó el delegado de CC OO, Ferran Aiximeno.

Mientras los sindicatos acusaban a Salut de intentar “desmantelar el ICS con derivaciones a centros concertados y privados, como CMQR”, Mercadé se parapetó en el argumentario de que el CMQR es un centro “no privado, que forma parte de la red pública”. “Es alucinante pensar que esta operación se realiza para que se enriquezca un centro cuando se hace para poder reducir la lista de espera”, zanjó.

El centro, que es propiedad del Ayuntamiento de Reus y desde 2008 forma parte de la red de hospitales públicos, está siendo investigado por la justicia por presunto fraude fiscal en una de las piezas separadas del caso Innova, en el que se escudriñan un cúmulo de presuntas irregularidades cometidas dentro del holding municipal. La Guardia Civil registró el pasado 29 de enero las dependencias de la clínica en busca de pruebas sobre supuestas ilegalidades fiscales en una operación contra la corrupción en la ciudad en la época en que era gobernada por el PSC, ERC e ICV y mientras el imputado ex presidente del ICS, Josep Prat, era director de Innova.