El Consell se abre al ciudadano al final de la legislatura

La Generalitat presenta la ley de transparencia

El vicepresidente Ciscar y la portavoz del Consell Catalá tras l pleno del Consell.
El vicepresidente Ciscar y la portavoz del Consell Catalá tras l pleno del Consell.tania castro

El Consell presentó ayer el anteproyecto de su ley de transparencia, una iniciativa para abrir la Administración al ciudadano que sigue el camino iniciado por el Gobierno hace casi un año, pero cuya entrada en vigor esta legislatura será difícil. Una vez concluyan los trámites legislativos, explicó el vicepresidente José Ciscar, la norma tardará seis meses en entrar en vigor. Lo más probable es que la obligación de facilitar al ciudadano el destino de “todo euro que salga de las arcas de la Generalitat”, como describió Ciscar el objetivo del texto, recaiga no sobre el actual Ejecutivo sino sobre el que salga de las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo.

Ciscar afirmó que la ley valenciana supera a la del Gobierno de Mariano Rajoy en algunos aspectos. Por ejemplo en la creación de un registro de regalos recibidos por los integrantes del Consell —que deberán devolverlos si exceden los límites de “la cordialidad”—; la publicación de los gastos de caja fija por órgano directivo; la declaración de bienes, actividades y derechos patrimoniales de los altos cargos, y el libre acceso a “los estudios de opinión” y al dinero destinado a las “campañas de publicidad”.

Unas materias sobre las que el Gobierno de Alberto Fabra se ha negado a informar a la oposición a lo largo de la legislatura, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia valenciano a condenarlo en 14 ocasiones.

Parte de las medidas de la futura ley de transparencia —como la publicación de lo regalos o el exhaustivo control de las cajas fijas—, así como otras cuestiones que Ciscar y la portavoz del Consell, María José Catalá, mencionaron a lo largo de la rueda de prensa —rechazo a los avales a clubes de fútbol, a introducir cláusulas de confidencialidad en los contratos públicos, y a la “opacidad”— vienen a contrarrestar algunos de los puntos negros más señalados del Gobierno de Fabra y, sobre todo, de los que lo precedieron. El vicepresidente afirmó que decir que con ellas el Gobierno autonómico se está enmendando a sí mismo sería tanto como decir “que el Gobierno de Rajoy está enmendando al de Zapatero” en su política económica.

La portavoz fue preguntada por las encuestas de opinión que indican un alto nivel de desconfianza por parte de los valencianos hacia el presidente Fabra. La portavoz respondió que la encuesta realmente importante es la de las elecciones, pero añadió que los ciudadanos “han sufrido mucho” en los últimos años, lo que ayuda a explicar la respuesta de los ciudadanos.

Catalá, que es también consejera de Educación y Cultura, tuvo que lidiar con otro problema: la reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el presidente valenciano se comprometió a organizar con los empresarios valencianos, muy críticos con el nivel de inversión y de financiación autonómica, antes de que acabase julio. La reunión aún no ha tenido lugar ni tiene fecha. El Consell “está haciendo todo lo posible para que se pueda cerrar pronto”, dijo la portavoz, atendiendo a la “agenda” del ministro.

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La ley de transparencia, que será también de buen gobierno, suprimirá las tarjetas de crédito de los altos cargos —aunque Ciscar precisó que hace tiempo que se retiraron—. Y establecerá que una parte de sus retribuciones, al menos el 10%, será por objetivos. De medir su grado de cumplimiento se encargarán probablemente, explicó Ciscar, una o varias empresas especializadas en tales evaluaciones.

Los ciudadanos podrán proponer iniciativas normativas con rango inferior a las leyes —Ciscar citó “decretos y órdenes”— si reúnen 25.000 firmas, la mitad de las que ahora son necesarias para promover leyes. También dispondrán de 20 días para hacer sugerencias sobre las leyes que estén en trámite a través del portal de transparencia de la Generalitat (GVA Oberta).

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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