Altos cargos del PNV son aptos para valorar ayudas a la fundación del partido

El Comité de Ética Pública del Gobierno, el órgano creado esta legislatura para dirimir asuntos relacionados con el código de buenas prácticas, ha validado que tres altos cargos del Ejecutivo afiliados al PNV intervengan en la concesión de unas ayudas públicas a las que opta la Fundación Sabino Arana, ligada al citado partido. Tres directores del Ejecutivo autonómico solicitaron por escrito la intervención de la citada comisión para que dictaminase sobre la “licitud ética” de su participación en la comisión de valoración que se iba a constituir para analizar las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones “a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos” con representación en el Parlamento. En la actualidad las fundaciones que cumplen estos requisitos son la Sabino Arana, Ramón Rubial y la de Estudios Vascos, vinculadas al PNV, PSE-EE y PP, respectivamente.

Los firmantes —tres altos cargos nombrados por el actual Gobierno del PNV— hacen constar que “una de las fundaciones solicitantes depende de un partido del que somos militantes (afiliados)”, por lo que solicitan a la Comisión de Ética Pública, un “pronunciamiento expreso” sobre “la pertinencia de nuestra participación en la referida comisión de valoración”. Del escrito se deduce que la concurrencia de la Fundación Sabino Arana en la convocatoria pública podría infringir el principio de “ausencia de imparcialidad, falta de objetividad o la existencia de conflicto de intereses” recogido en el código ético que el Ejecutivo de Urkullu exige a todos sus directores y cargos de confianza.

La Comisión de Ética, de la que forman parte el consejero Josu Erkoreka, dos miembros de su departamento, el filósofo Daniel Innerarity y la magistrada Elisa Pérez Vera, resuelve que en este caso “no parece fácil sostener” que se produzca “un conflicto entre el interés público y el interés personal de los altos cargos actuantes”. “No nos hallamos”, añaden los miembros de la comisión en un dictamen de 11 páginas, “ante una iniciativa autónoma de los altos cargos consultantes que eventualmente pudiera ser interpretada como un gesto de favoritismo hacia la fundación vinculada al partido político en el que militan”. También sostienen en su resolución que la mera afiliación al partido político del que depende una de las fundaciones solicitantes de las subvenciones “no parece encajar, por sí misma, en ninguno de los supuestos de abstención” recogidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Ética hace saber, asimismo, que el procedimiento administrativo regulado para conceder este tipo de ayudas a fundaciones ligadas a partidos políticos están sujeto a fórmulas matemáticas que “no dejan margen alguno para la valoración subjetiva”.

Por todo ello, la comisión ética acuerda validar su participación en la mesa de valoración, Más aún, añade, “la no participación podría suponer una dejación de funciones”, así como “la conculcación de valores tales como la integridad o la excelencia en el desempeño de la función pública encomendada”, particularmente de uno de los firmantes, por ser quien preside por decreto la mesa de valoración.

La convocatoria de este ejercicio se eleva a 95.000 euros. En la convocatoria de 2012, convocada cuando los socialistas estaban al frente del Gobierno vasco y resuelta el año pasado, la fundación más beneficiada por la Ramón Rubial, dependiente del PSE-EE, con un total de 101.636 euros, frente a los 65.168 euros recibidos por la Fundación Sabino Arana y los 18.439 euros obtenidos por la Fundación Popular de Estudios Vascos. Un año antes, en cambio, los socialistas concedieron a la Sabino Arana la subvención económica más elevada.