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OPINIÓN

El impacto del ‘caso Pujol’

El episodio ilustra las complicidades y las tolerancias habidas en Cataluña, como en toda España, con la corrupción política

El caso Pujol está teniendo un notable impacto en los medios de comunicación, donde aparecen constantes comentarios sobre su significado y sus efectos en la situación política. Se ha dicho que este asunto representaba el fin del pujolismo y que había tocado de muerte a Convergència. E incluso se ha afirmado que el escándalo significaría una grave dificultad para el proceso soberanista catalán. Algunos comentaristas, ubicados desde siempre en el antipujolismo y en el antisoberanismo, persisten en augurar que el caso Pujol acabará fragmentando y desmovilizando el catalanismo e incrementando las tensiones entre CiU y ERC.

En un sentido totalmente contrario, también se han publicado comentarios que pretenden minimizar los efectos políticos del caso presentándolo como un asunto personal o familiar, casi sin efectos en la política catalana. Los que desean relativizar las repercusiones del escándalo sostienen que éste, como mucho, concierne a Convergència, partido que debería protagonizar un proceso de transformación para emanciparse de la herencia pujolista. Buena parte de éstos son los que sostienen que el caso Pujol es independiente de la estrategia que defiende el derecho de la sociedad catalana a decidir democráticamente su futuro.

Pienso que ambas posiciones son demasiado interesadas. Siempre es conveniente no especular demasiado sobre los efectos que puede tener un asunto como éste en la vida política. Es fácil equivocarse. ¿Quién se acuerda hoy del famoso viaje de Carod Rovira a Perpinyà que tanto escándalo provocó hace diez años? ¿En qué afectó a medio y largo plazo a la vida política catalana? En casi nada.

Lo más relevante e inquietante del caso Pujol es que constituye una clara muestra de las complicidades y las tolerancias habidas en Cataluña, como en toda España, con la corrupción política. Y ello exige, como una necesidad prioritaria, la elaboración de un Pacto Nacional contra la Corrupción, sin el cual el actual proceso soberanista catalán sería ambiguo y poco convincente. No se trata del enésimo pacto que acaba desnaturalizado, sino de un conjunto de medidas legales que creen unas instituciones y unos mecanismos que persigan realmente la corrupción y encarcelen a los corruptos. Un amigo sostenía hace poco que los daneses y los suecos eran mejores que nosotros ya que sus valores les hacían más intransigentes con la corrupción. No es cierto: ellos tienen más y mejores inspectores de hacienda y castigan más severamente a los corruptos.

La gran fluidez de la política de los últimos años obliga a ser prudente y a no hacer previsiones precipitadas. El cómo repercutirá el escándalo Pujol en el proceso soberanista se podrá apreciar, en un primer momento, el próximo 11 de septiembre. Si la movilización ciudadana es notablemente inferior a la de hace un año, algo querrá decir. Sin embargo, ello tampoco será decisivo ya que los procesos movilización, y de desmovilización, popular dependen de múltiples factores políticos e incluso emocionales que no siempre son fáciles de prever. Por otra parte, debe recordarse que es más fácil lograr que la gente se desplace a poblaciones cercanas a su residencia que hacerlas concentrar en Barcelona, como se pretende este año.

En la actual situación política catalana será seguramente más trascendente lo que haga, o no haga, el gobierno Rajoy en los próximos tres o cuatro meses que los efectos del caso Pujol e incluso que lo que suceda en la propia Cataluña. De hecho, será la actitud del gobierno español la que marque el ritmo político. ¿Se manifestará totalmente intransigente ante la pretensión catalana de hacer una consulta ciudadana? ¿Lo impedirá utilizando procedimientos legales o incluso represivos? ¿Buscará algún tipo de mediación o negociación? ¿Forzará con su cerrazón a que en Cataluña se convoquen unas elecciones de carácter plebiscitario ?

Pienso que es conveniente sintetizar lo sucedido en los últimos diez años para no desviarse del núcleo de la cuestión. Así, debe recordarse: Primero, que hoy existe un innegable y mayoritario descontento en la sociedad catalana ante la situación política de Cataluña dentro del actual sistema autonómico español. Segundo, que el más relevante y mayoritario proyecto para rectificar esta situación —el estatuto de 2006— fue duramente atacado por el PP —que organizó campañas en su contra por toda España—, notablemente cepillado por las Cortes Españolas y desvirtuado por un Tribunal Constitucional carente de autoridad moral y de independencia política. Tercero, que ante la intransigencia del Gobierno del PP, y también del PSOE, al Gobierno de la Generalitat, al Parlament y a buena parte de la sociedad catalana no les quedan más que dos opciones: aceptar resignadamente la sumisión política a unas leyes e instituciones que consideran insuficientes, injustas e incluso discriminatorias, u optar por cambiar la situación política dando la palabra a los ciudadanos. Y cuarto, que una buena parte de la sociedad catalana, y también de la española, exigen hoy un cambio en las formas de hacer política, mayor transparencia en las actuaciones y acabar con la corrupción política.

El Gobierno español y la mayoría de los partidos estatales están recurriendo de forma obsesiva a la legalidad vigente ignorando que la naturaleza del conflicto entre Cataluña y España es política, no jurídica. La suya es una actitud errónea. Porque, al final, en todas las crisis, siempre es la legalidad la que acaba modificándose para solucionar los problemas. Dejar pudrir las cosas conduce a situaciones difícilmente resolubles sin provocar graves enfrentamientos.