IU urge a cambiar la Cámara de Cuentas

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, ha afirmado que las noticias sobre “los fraudes que se han cometido” obligan a que “no se frene más” la necesidad de acometer un cambio legislativo en la Cámara de Cuentas.

Antonio Maíllo, quien ha visitado la feria de Málaga el mismo día que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha comentado que este órgano tiene “más capacidad para detectar, evaluar, diagnosticar y fiscalizar cada uno de los euros que gasta la Administración pública andaluza, lo que hace fundamental que no solo se lancen frases contundentes sino que se conviertan en acciones legislativas”.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que IU va a “garantizar que se sepa qué ha pasado con el uso de recursos públicos para enriquecimiento de unos cuantos”. “Es evidente la necesidad de saber todo, especialmente en la actividad de formación, donde hay más que indicios de irregularidades y saqueo, como el caso, presuntamente, del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda”, ha añadido.

El coordinador general, quien ha dicho que se espera un nuevo curso político “más que caliente”, ha asegurado que las iniciativas que se tomarán respecto a la ley de formación serán “un vuelco respecto al marco normativo que había anteriormente” y que se primará “la necesidad de que se ponga sobre la mesa ya una reforma de la Cámara de Cuentas” que le dé “mayor autonomía y carácter de fiscalización del dinero público”.

Sobre la petición de la Junta de Andalucía de una “vía exprés” para agilizar los procedimientos judiciales contra los defraudadores, Maíllo ha asegurado que “cualquier medida que suponga procedimientos de aceleración en el marco de la comprobación de anomalías e irregularidades siempre tiene que ser bienvenida, pero, aún así, llega tarde, como todo en esto”.

“En lo que nos toca a nosotros, estamos contribuyendo a una modificación normativa que puede sentar las bases de un cambio radical de cultura respecto del uso de los recursos públicos, la fiscalización, la evaluación y el buen uso de los mismos. Desde luego que quien no lo hace lo tiene que pagar, y aquí no hay ni procesos dilatorios ni trampa legal”, ha concluido el coordinador general de Izquierda Unida.