El Sergas niega el contrato a una celadora embarazada en el hospital de Vigo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) despidió a una trabajadora embarazada el mismo día en que acababa de firmar el contrato tras ser declarada no apta por la unidad de prevención de riesgos laborales. Los tres sindicatos mayoritarios se concentraron ayer ante el Hospital Xeral de Vigo para protestar por la decisión, que califican de “discriminación laboral”. La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, entiende que la medida fue adecuada.

 “Estar embarazada no es estar enferma, y lo que el Sergas debería haber hecho es lo que se ha hecho siempre en estos casos: adecuar el puesto a las circunstancias de esa trabajadora”, señalaron durante la concentración los portavoces sindicales, según recoge Europa Press. La mujer ya había firmado un contrato para sustituir a otro trabajador, pero no llegó a desempeñarlo ante el informe contrario de la unidad de salud laboral. “No ha habido ninguna sensibilidad, no se han respetado las normas y hoy ha sido una trabajadora embarazada, pero mañana podría ser otro con cualquier problema de salud”, entienden desde CIG, UGT y CC OO, que participaron en el acto de protesta acompañados de integrantes de la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto.

La conselleira, sin embargo, cree que es una a decisión “entendible”. “Como en todas las empresas públicas y privadas si la persona, por la razón que sea, no está en condiciones de realizar el trabajo, no se la contrata. Es tan sencillo, como eso, no se le formaliza el contrato”. Mosquera, durante una visita a Ferrol, explicó que el contrato era para “realizar un trabajo concreto y sustituir a una persona en concreto”, por lo que a su entender no se puede comparar con “una plaza de celador, que sí puedes colocarlo en un sitio u otro”. “Si la unidad de riesgos laborales dice que no lo puede realizar, no hay mucho más que decir”, concluyó.

“Estar embarazada no es estar enferma, y se tiene todo el derecho a un puesto de trabajo, lo contrario es cometer un acto de discriminación laboral y sexista vulnerando un derecho fundamental”, oponen los contrarios a la medida, que consideran un “precedente gravísimo” que debería haberse evitado facilitando una baja a la trabajadora o adecuando su puesto de trabajo a su situación.