Alaya cifra en 855 millones el desvío de fondos del “caso ERE”

La magistrada insiste en que los expresidentes conocían el fraude. Afirma que las subvenciones acabaron en el entorno de la Junta o del PSOE andaluz

Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla.
Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla.PACO PUENTES

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, considera que la Junta de Andalucía concedió ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas entre 2000 y 2012 a través de una fórmula administrativa —las transferencias de financiación— que “habría supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros”. Así lo explica la magistrada en la exposición razonada que ha enviado esta semana al Tribunal Supremo para que decida sobre el futuro del procedimiento, en el que hay implicados nueve aforados y 201 imputados.

La juez resume en su escrito la tesis que ha mantenido durante tres años y medio de instrucción: que los responsables de la Junta crearon un “procedimiento específico” para la concesión de subvenciones a través de una “partida presupuestaria claramente inadecuada”, que evitaba los controles. A los aforados a los que apunta no les acusa de haberse quedado con dinero público, sino de crear y mantener el sistema a través del que otros pudieron acceder a esos fondos de forma fraudulenta. Alaya sostiene que se produjo “una auténtica subversión del ordenamiento jurídico” y esto “determinaba presuntamente que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas (...) próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz”.

La juez señala en su escrito a dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a siete exconsejeros de la Junta, entre ellos Gaspar Zarrías y Mar Moreno, a los que la magistrada no había apuntado hasta ahora. Todos ellos son aforados, de ahí que la juez Alaya se haya visto obligada a mandar el caso al Supremo para que decida. A estos responsables políticos la magistrada les acusa de haber concebido el sistema de ayudas con el fin de “eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de subvenciones”, los controles de la Intervención, y facilitar una “clara y palmaria discrecionalidad” en el uso de los fondos públicos.

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La magistrada incorpora ahora a Zarrías en el listado de posibles implicados por participar y conocer este procedimiento a través de “una persona de su entera confianza, el jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, Francisco del Río Muñoz”, a quien acusa de actuar a sus “órdenes”.

Mercedes Alaya centra sus reparos en la figura de las “transferencias de financiación”, que interpreta que se utilizó de forma incorrecta para dar las subvenciones. Según la instructora, esta fórmula sólo podía destinarse a equilibrar la cuenta de resultados de las empresas públicas y no debería haber sido utilizada por la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas. En resumen, Alaya mantiene que la Junta creó un procedimiento de concesión de ayudas irregular con el fin de otorgarlas de forma discrecional y eludir los controles. De él tuvieron conocimiento Chaves y Griñán, así como todos los consejeros que participaron directa o indirectamente en los organismos que tramitaron las ayudas.

La magistrada cita los informes de la Intervención en los que se cuestionaba la utilización de las transferencias. Dice la instructora que esos análisis repetían “hasta el hartazgo” que esas transferencias de financiación no se podían emplear para conceder subvenciones. Alaya resume que su instrucción “conduce necesariamente a concluir que en el proceso de elaboración se conocía indiciariamente el uso ilícito al que se iban a destinar las transferencias de financiación presupuestadas”.

También cree la juez que “resulta imposible” que ni Chaves ni Griñán “trataran el importante menoscabo de fondos públicos” que se estaba produciendo a la luz de las cantidades que la Consejería de Empleo llegó a deber al Instituto de Fomento de Andalucía (posteriormente agencia Idea), encargado de pagar las ayudas, no de otorgarlas, mantiene la magistrada. Según el Interventor General de la Junta, la cantidad adeudada fue creciendo año tras año hasta alcanzar los 95 millones de euros en 2005.

La juez responsabiliza a los cargos de la Junta de Andalucía que elaboraban los Presupuestos andaluces, pero exonera de culpa al Parlamento autonómico. Interpreta la magistrada que los diputados, quienes analizaban y aprobaban las cuentas cada ejercicio, no conocían la utilización de las transferencias de financiación como una fórmula para otorgar subvenciones. Alaya sostiene que la Consejería de Empleo —que era la que concedía las ayudas a través de la agencia Idea— habría utilizado, “probablemente de manera intencionada”, un “lenguaje oscuro, ambiguo y difuso” en este asunto. Por lo tanto, no se exponía con claridad en los presupuestos que esas transferencias acababan convertidas en subvenciones.

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