“Los cursos de formación de Delphi fueron una estafa”, dice un sindicalista

Su nombre, Isidro Jiménez, es una de las firmas que quedaron registradas en julio de 2007 en lo que se denominó protocolo de recolocación de Delphi. “Tenía que servir para que los 1.500 trabajadores que nos habíamos quedado en la calle encontráramos trabajo”, recuerda en Cádiz. Dice que no se arrepiente de haber puesto su rúbrica en aquel documento pero que ahora, visto lo ocurrido, jamás lo hubiese hecho. Desde 2009 viene denunciando que aquel documento quedó en papel mojado y alertando de las irregularidades en las que, al fin, la justicia ha puesto el foco. “Nadie podrá encontrar a un solo extrabajador de Delphi que haya encontrado un puesto de trabajo gracias a la formación que recibió tras el cierre. Ahora sabemos que detrás de esos cursos había cargos socialistas y exconsejeros. Que alguien se pudo beneficiar de la desgracia de muchos”.

El dispositivo especial de Delphi fue aprobado por los representantes de la empresa, la Junta y cuatro sindicatos. Fue el fruto de varios meses de movilizaciones después de que la compañía de automoción decidiese cerrar su factoría de Puerto Real. Entonces todavía no había estallado la crisis y el Gobierno autónomo pudo comprometerse a un ambicioso programa con medidas sociolaborales, incentivos a empresas y cursos de formación mientras los operarios seguían recibiendo sus sueldos. Aquel documento, que Jiménez firmó como representante de CGT, fue aprobado por el 90% del colectivo de exempleados.

“El protocolo tenía un apellido que era el de la recolocación. Pero, al final, fue de prejubilación. Más de la mitad de los que debían iniciar los cursos pudo prejubilarse. Y eso no venía en el documento. Si hubiese venido, yo no lo habría firmado”, explica. “Lo que se vendió como un plan para dar trabajo a 1.500 personas era totalmente falso. La Junta y los sindicatos mayoritarios como CC OO y UGT firmaron sabiendo que no iban a cumplir el protocolo”. Los cursos de Delphi, como otros adjudicados a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, están bajo investigación judicial a raiz de las denuncias de profesores, que alertaron de malas prácticas al justificar y cobrar esos planes formativos. Las pesquisas han permitido descubrir que muchos millones de euros fueron a parar al entramado de escuelas formativas de Ojeda. Es lo que ha advertido la juez Mercedes Alaya en el auto por el que imputa al exconsejero Antonio Fernández.

Jiménez: “Ningún trabajador de Delphi tiene empleo gracias a la formación”

“Los trabajadores vimos desde el primer día que los cursos eran una estafa y una engañina. Esos cursos pudieron servir para que algunos ganaran dinero pero no para ayudarnos a reciclarnos”, resume Jiménez. Y pone ejemplos: “Había especialistas en base de datos que recibían las mismas clases que alguien que no había visto en su vida hojas de cálculo. A todo el mundo se le metió en el mismo saco cuando el protocolo establecía tres niveles diferentes. Los que sabían inglés estaban con gente que no sabía nada”, subraya. “Había un desbarajuste que nadie quiso corregir. Entonces empezó a saberse que los que habían montado esas empresas eran antiguos dirigentes de la Junta y ya olía de lejos”, añadió.

Fueron los meses en los que se dio a conocer que algunos cursos consistían en ver películas en inglés o en visitas a bodegas. “El problema no era ese. El problema es que se preocuparon más en prejubilar que en recolocar. El objetivo de los cursos para algunos fue ganar tiempo hasta cumplir 50 años y poder prejubilarse. Ahí estaba la inmoralidad”, afirma.

Jiménez arremete contra los líderes de CC OO y UGT. “El propio presidente del comité, Antonio Pina, llegó a prejubilarse con 50 años. Habría que preguntarse cómo se eligió a los 350 que fueron recolocados en Alestis y por qué antes de que se creara la empresa ya había un comité donde estaban los que formaban el comité de Delphi”. Jiménez cree que lo que se investiga ahora puede destapar el por qué de aquel desaguisado. “La formación era la cáscara de esta posible estafa. Los cursos sirvieron para que el dinero corriera por una tubería con un destino que no fue ayudarnos”.

Por eso Isidro Jiménez se siente víctima. Como otros extrabajadores de Delphi que se han concentrado a las puertas del juzgado para increpar a su salida a Ojeda. Algunos, tras dos años sin recibir prestaciones, aseguran vivir de la caridad familiar. Su portavoz, Francisco Ruiz, ha exigido a la presidenta Susana Díaz que deje de llamarles privilegiados. “Privilegiados fueron los dirigentes que han podido lucrarse con el dinero de nuestra formación”.