El PP exige a Díaz que explique en el Parlamento las ayudas que recibió Ojeda

Por segunda vez en poco más de un mes el PP ha solicitado que se celebre en el Parlamento andaluz un pleno extraordinario para abordar casos de corrupción. En esta ocasión, los populares exigen a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que acuda a la Cámara a dar explicaciones sobre los cursos de formación profesional en general y sobre las ayudas concretas que recibió el exconsejero socialista Ángel Ojeda, detenido e imputado por falsedad y apropiación indebida por un juez de Cádiz.

Carlos Rojas, portavoz parlamentario del PP, ha lamentado el silencio que mantiene la Junta sobre este asunto y la falta de información sobre las ayudas para formación para el empleo, que se investigan en una decena de juzgados repartidos por varias provincias andaluzas. Por eso Rojas ha exigido que ese pleno extraordinario se “celebre esta semana o la siguiente”. A mediados de julio, PSOE e IU bloquearon la celebración de otro pleno extraordinario en el Parlamento sobre los casos de corrupción. “La presidenta no puede seguir boicoteando la actividad del Parlamento”, ha sostenido Rojas en referencia al veto.

Rojas ha criticado el silencio del Gobierno autónomo y la forma de proceder de la Junta en los últimos años con las ayudas. Ha acusado al Gobierno andaluz de haber recurrido a las “exoneraciones masivas” para que distintas entidades pudieran seguir recibiendo subvenciones pese a no haber justificado el destino de los fondos que les llegaron en otras convocatorias. Rojas ha recordado que el exconsejero Ojeda también se benefició de esta “medida de gracia” con sus empresas de formación. “Es algo muy grave”, ha añadido. “¿Cuántos altos cargos o ex altos cargos han montado entramados de este tipo?”, ha preguntado el popular. La magistrada Mercedes Alaya, que investiga también los cursos de formación, sostuvo en un auto a mediados de julio que la Junta otorgó 950 millones en subvenciones entre 2008 y 2011, que el año pasado estaban “sin justificar” gracias a las exoneraciones aprobabas por la Junta.

La lluvia de quejas de Rojas también ha golpeado sobre la forma en la que está revisando la Consejería de Educación las subvenciones concedidas entre 2007 y 2011 para formación profesional. El consejero Luciano Alonso sostuvo el martes que su departamento no rematará la investigación hasta finales de 2015 y que no ofrecerá datos concretos sobre los expedientes de reintegro hasta que sean firmes. “¿Nos quieren tomar el pelo?”, ha señalado Rojas, quien no comprende que se tarden dos años en explicar “qué está pasando”.

Alonso ha insistido este miércoles en Granada en que la Junta revisará “uno a uno” los expedientes relativos a los cursos de formación que, según sus cálculos, ascienden a más de 8.000. El objetivo es que se devuelva “hasta el último euro” si “se ha hecho un mal uso de él”. “La justicia le tendrá que juzgar a él y a todos aquellos que puedan haber incurrido en un mal uso de estos fondos”, ha afirmado en referencia a Ojeda y los otros ocho detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía. El Gobierno andaluz, según Alonso, ha colaborado con la justicia “ayer” y colaborará también “mañana”. “Nuestro compromiso es irrenunciable y hay que decirle a los andaluces que queremos que se devuelva hasta el último euro, si alguien hizo un mal uso de él”, ha insistido Alonso, quien ha justificado por ello la revisión pormenorizada de expedientes y no de forma aleatoria, lo que permitirá también a Andalucía recuperar su “credibilidad”. “También ha habido muchas empresas y muy buenos trabajadores que han hecho un trabajo fantástico para que los andaluces pudieran optar a un mejor empleo desde el punto de vista de la inserción laboral”, ha afirmado.

El consejero de Educación ha reiterado que el proceso de revisión no será “rápido” como podría serlo una revisión “aleatoria”, pero la Junta está “convencida” de que es necesario hacerlo así. “Estamos hablando de unos volúmenes impresionantes”, ha incidido el consejero.