Multado el Ayuntamiento por imponer la marca de los helados de sus chiringuitos
El Ayuntamiento deberá pagar 100.000 euros por obligar a servir Frigo en sus casetas de playa
La imposición de la marca de helados que tienen que vender los 17 chiringuitos de playa le acabará saliendo cara al Ayuntamiento de Barcelona, que deberá pagar 100.000 euros. Es la sanción que le ha impuesto la Autoridad Catalana de la Competencia, después de analizar la denuncia presentada por un fabricante de helados que se sentía damnificado por la política del Consistorio. Grupo Kalisé Menorquina acusó en 2012 al Instituto Municipal de Parques y Jardines de haber faltado a la ley de Defensa de la Competencia al obligar a vender en exclusiva helados de la marca Frigo, del gigante alimentario Unilever, en sus establecimientos a pie de playa.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explicaron ayer que tienen intención de recurrir la resolución de Competencia ante los tribunales del contencioso y advirtieron que ya han suspendido esa exclusiva de marca.
En 2006, Parques y Jardines licitó un concurso para adjudicar la explotación de sus chiringuitos. En el pliego de condiciones figuraba que el ente municipal tenía un derecho de exclusividad de marca que, en el caso de los helados, llegaba incluso a ser el de distribución. Solo Frigo podía comercializarse en esos locales de temporada con el objetivo de que, según la resolución de Competencia, el Ayuntamiento de Barcelona pudiera añadir ingresos más allá de los propios de los de ceder la explotación de sus chiringuitos. Para el concesionario no había opción: si no se vendían solo los helados de esa marca incurría en una falta grave que suponía la revocación de la licencia.
Kalisé llegó incluso a denunciar que con esa posición de dominio Unilever podía incluso beneficiarse al vender sus productos a unos precios más altos, una acusación que, tras las comprobaciones efectuadas, ha sido rechazada.
En el inicio de sus investigaciones la Autoridad de la Competencia dudaba de si el Ayuntamiento de Barcelona, que entonces gobernaba el socialista Joan Clos, había actuado como una Administración pública o bien un operador económico. Su conclusión es que actuó con finalidad "netamente económica" para obtener "una ganancia".
Competencia considera que el Ayuntamiento de Barcelona mantiene una posición de dominio en las playas de la ciudad porque, si bien hay más puntos de venta que los propios chiringuitos cerca de las playas, "ningún otro operador está en condiciones de explotar los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas de Barcelona". Asimismo, advierte que solo aquellas marcas que disponían de más del 30% de la cuota de mercado podían ser esa marca exclusiva y que, el periodo del concurso, superior a los cinco años, "es claramente problemático, porque impide la competencia".
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