El Ministerio abre las solicitudes para pedir la escolarización en castellano

El mismo día que el presidente catalán Artur Mas, pedía a Mariano Rajoy la retirada de los puntos de la nueva ley educativa que torpedean el sistema de inmersión lingüística, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el real decreto que blinda la presencia del castellano en las aulas catalanas. La normativa, que despliega la disposición adicional 38 de la Ley Wert, obliga a aumentar las clases en castellano en la escuela sostenida con fondos públicos en una “proporción razonable” cuando así lo soliciten los padres. Si esto no sucede, el alumno podrá estudiar en una escuela privada que sí cumpla estos requisitos y la factura la pagará la Generalitat.

El proceso para solicitar y costear estas plazas en la privada resulta algo complejo. La familia primero debe pedir a la Generalitat –aunque el real decreto afecta a todas las Comunidades con lengua cooficial, deja claro que solo afecta a las que tienen un sistema de inmersión como el catalán- que en la escuela pública o concertada donde estudia su hijo tanto el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares. Esto supone, según la normativa, que algunas asignaturas no lingüísticas sean impartidas en castellano, aunque deja en manos de la Generalitat el establecer el porcentaje “razonable” de presencia de ambas lenguas. Si la administración autonómica rechaza la solicitud, la familia podrá matricular a su hijo en una escuela privada donde el castellano sea también vehicular y, finalmente, acogerse a la convocatoria de subvenciones del Ministerio para recuperar el dinero.

El real decreto entra en vigor este jueves, así que el Ministerio de Educación ya ha activado la aplicación electrónica en su web para que las familias puedan solicitar dichas ayudas. También se pueden tramitar a través de las delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Para poder beneficiarse de la subvención, las familias deberán acreditar que han pedido a la Generalitat la escolarización en castellano y que esta se lo ha denegado. También la matrícula en la escuela privada. El Gobierno central deberá resolver la petición de subvención por parte de las familias en un plazo máximo de seis meses. El silencio administrativo significará que ha sido denegada.

Una vez resuelta la subvención, la familia deberá presentar la justificación de los gastos. Podrá descontar desde la matrícula al transporte, el comedor o el internado. En principio, el importe máximo para que se pagará es de 6.057 euros anuales por alumno y el Ministerio aseguró que si la cuota de la privada era superior, la familia asumiría la diferencia. Pero el Real Decreto publicado abre ahora la puerta a que esta cifra sea superior “en atención a causa justificada por el interesado y debidamente apreciada por el instructor”. El Ministerio también podrá actualizar el importe antes del inicio del curso. El Gobierno central pagará este coste mensualmente a las familias y, paralelamente, descontará el monto de las transferencias mensuales que realiza a la Generalitat.

Una novedad que incluye el texto publicado en el BOE respecto al primer borrador de la norma es que obliga a la Generalitat a “contemplar la elección del uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza como un criterio general para la adjudicación de las plazas ofertadas”.

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, no ha querido hacer declaraciones, pero en más de una ocasión ha apuntado que el decreto es “inaplicable” en Cataluña. También lo piensa uno de los padres que ha llevado su petición de escuela bilingüe a los tribunales. “Cualquiera que conozca el sistema educativo catalán sabrá que no existen colegios en castellano”, tercia. Este padre, con tres hijos en edad escolar, tacha de “chapuza” y de “medida política” la normativa y descarta acogerse al proceso. “No me jugaré la educación de mis hijos. En cualquier momento entra un nuevo gobierno, cambia la ley y me puedo encontrar con que no puedo pagar el recibo”, concluye el padre.