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La independencia unilateral de Cataluña costaría 5.000 millones al mes

Los expertos de Mas dicen que una Cataluña soberana tendría un superávit de 12.000 millones

El consejero de Justicia, Germà Gordó (izquierda), junto al portavoz del Gobierno, Francesc Homs y Carles Viver Pi-Sunyer.
El consejero de Justicia, Germà Gordó (izquierda), junto al portavoz del Gobierno, Francesc Homs y Carles Viver Pi-Sunyer.

Una Cataluña independiente tendría un elevadísimo coste inicial, pero lograría superávit en condiciones normales de funcionamiento. También habría un boicot inicial a los productos catalanes que a la larga no sería un problema, porque Cataluña ya exporta más fuera de España que lo que vende al resto de comunidades. Como tampoco lo sería pagar las pensiones o continuar con los procesos judiciales abiertos. Son algunas de las conclusiones a las que llega el Consejo Asesor para la Transición Nacional Nacional, el grupo de expertos fichados por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para analizar cómo sería una hipotética Cataluña independiente.

El Consejo dio a conocer ayer los últimos ocho informes de un total de 18 que de forma genérica defienden la viabilidad de una Cataluña independiente. Entre ellos figuraba el más esperado, el de La viabilidad fiscal y financiera de una Cataluña independiente. El Consejo vaticina que una independencia no pactada costaría a Cataluña entre 4.000 y 5.000 millones de euros mensuales para pagar el sueldo de los funcionarios, subsidios de desempleo, pensiones y gastos ordinarios.

Este coste, subrayan, se prolongaría “un breve periodo” de unos meses, que será más breve cuanto antes funcione con normal la futura Agencia Tributaria Catalana. Un periodo crítico en el que la Generalitat se podría financiar, apuntan, con préstamos bancarios, con deuda un Banco Central de Cataluña de nueva creación o emitiendo bonos que los ciudadanos podrían intercambiar por impuestos.

Los expertos aseguran, en cambio, que en el momento de alcanzar la plena independencia, el territorio obtendría un superávit de 11.500 millones. Para llegar a esta conclusión han calculado (con datos del ejercicio 2011) que Cataluña tendría un gasto adicional de 39.500 millones de euros para pagar Seguridad Social, hacer transferencias a los Ayuntamientos, pagar intereses de la deuda u otras partidas nuevas, como la de Defensa. Por el contrario, ingresaría 45.300 millones más, procedentes de impuestos y sobre todo de la Seguridad Social que pagan las empresas. Para llegar a la conclusión del superávit de 12.000 millones, de la resta entre ingresos y gastos los expertos indican que salen 5.800 millones positivos. A los que cabría sumar 7.000 millones de la deuda que se dejaría de pagar al Gobierno central y restar 1.400 de aportación a la Unión Europea.

Espionaje y Ejército catalán

CLARA BLANCHAR / MAIOL ROGER

Servicio de inteligencia, sí; Ejército, depende. Esta es la recomendación del Consejo Asesor para la Transición Nacional en el informe sobre La seguridad interna e internacional de Cataluña. El documento evita uno de los debates que más suspicacias levanta alrededor de la independencia: el de si la Cataluña independiente debería tener Ejército. El informe de los expertos de Mas se limita a apuntar que el asunto del Ejército se deberá decidir una vez se logre la hipotética independencia, y soslaya cálculos de tropas y Presupuestos. Solo detalla que, en caso de prescindir de Fuerzas Armadas, el Estado tendrá que dotar militarmente a una parte de los Mossos d'Esquadra o crear una Guardia Nacional con funciones de seguridad, gestión de emergencias y defensa.

La inconcreción sobre el asunto de las Fuerzas Armadas contrasta con la contundencia que muestran los expertos en reclamar la creación de un servicio de inteligencia catalán tras la proclamación de la independencia de Cataluña.

El documento también detalla las funciones que deberían tomar los Mossos d'Esquadra al asumir todas las competencias en materia de seguridad interna, así como el control de los puestos fronterizos y las aduanas.

El mecanismo para cubrir todas las necesidades policiales es similar para la justicia. El informe sobre el sistema judicial apunta que los órganos españoles dejarán de tener validez en Cataluña, que deberá reorganizar su estructura para cubrir todos los ámbitos. El documento da dos opciones para los procesos pendientes en el que estén afectados ciudadanos catalanes: o que acaben su recorrido en el tribunal que lo estaba juzgando o que sean transferidos al gobierno catalán correspondiente.

Otra de las cuestiones sobre las que en algún momento se ha puesto el foco es si una Cataluña independiente podría pagar las pensiones. El informe La Seguridad Social catalana, que la entiende como “la institución básica del estado del bienestar”, apremia a crearla “lo antes posible” para poder asumir las competencias sobre las prestaciones de protección social y la recaudación de las cotizaciones. Los expertos hablan de una Agencia Catalana de la Seguridad Social de 4.000 empleados en 200 oficinas que tendrían un coste de personal de 130 millones. Prevé intercambio de información sobre los cotizantes entre las dos instituciones, o de forma preventiva ante una eventual falta de acuerdo, incentivar que los ciudadanos obtuvieran y presentaran los informes de vida laboral y de bases de cotización.

El informe parte de la base de que la situación de la Seguridad Social en Cataluña ha sido tradicionalmente mejor que en España: tuvo superávit entre 1997 y 2008, precisa; y cuando ha tenido déficit ha sido menor que el del resto del Estado. El informe concluye que en un escenario de independencia pactada, las pensiones se podrían pagar con el traspaso que se produzca del fondo de reserva de España “al nuevo Estado catalán”. En caso de una secesión unilateral “el nuevo Estado podría cubrir el déficit con los presupuestos ordinarios de su hacienda”, y recuerda que habría un superávit de 12.000 millones.

Sobre Las relaciones comerciales entre Cataluña y España, los expertos rechazan “las conclusiones de informes catastrofistas”, aunque admiten que es “probable” un “boicot selectivo y de corta duración”, centrado en bienes de consumo. Por todo ello, cifran en entre un 1% y un 2% “la hipotética pérdida en PIB a corto plazo”, que sería “ampliamente compensada por la desaparición del déficit fiscal”.

Las facilidades que ven los expertos de Mas con la economía contrasta con las dificultades que intuyen en el reconocimiento internacional de un hipotético nuevo Estado. El informe sobre La integración a la comunidad internacional reconoce que, si España no acepta al Estado catalán, Cataluña tendría muy difícil la aceptación por la ONU. “No hay ningún caso de admisión sin consentimiento del Estado matriz del que formaba parte el Estado, excepto Bangladesh”, explicita un informe, que busca una salida asegurando que la norma no está escrita. Por ello los asesores aconsejan que el Estado catalán no se precipite a pedir su ingreso en la ONU hasta que “haya un grueso de reconocimientos” y un escenario de relaciones bilaterales con España mínimamente asentado y colaborativo.

El Consejo Asesor recomienda a los gobernantes que busquen acomodo internacional en asociaciones que ponen menos trabas. Así, recomiendan empezar por el Consejo de Europa o el Fondo Monetario Internacional, que consideran como una buena puerta de entrada a la ONU. Para el final dejan el acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo procedimiento de entrada es complejo y requiere de unanimidad.

Con los últimos informes, el Consejo Asesor logró cumplir con el plazo marcado por el Gobierno catalán. La Generalitat unirá las más de 1.300 páginas en un libro blanco que quiere tener a punto en septiembre.

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