Fianza de 1,5 millones a dos ex cargos de Salud por contratos a dedo en Reus

La construcción del flamante hospital de Sant Joan de Reus es un ejemplo de las puertas giratorias que han imperado en la sanidad catalana y de la confusión de intereses entre lo público y lo privado. Así lo desgrana, en un auto demoledor, el juez que investiga el caso Innova y que ahora ha impuesto una fianza ejemplar a dos excargos de Salud: el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y el exgerente de Infraestructuras del Servicio Catalán de la Salud (Catsalut), Jorge Batesteza. Cada uno de ellos deberá pagar 1,5 millones de euros por las presuntas irregularidades en unos contratos relacionados con las obras del hospital.

Como máximo responsable de Innova —el holding municipal de Reus que está en el epicentro de la investigación judicial por corrupción— Prat adjudicó a Batesteza, que es arquitecto, tres contratos de “asesoría técnica” para supervisar las obras. La adjudicación se hizo a dedo —“sin respetar el procedimiento”, señala el juez— en junio de 2007, tan solo un mes después de que Batesteza abandonara su cargo en Catsalut. Ambos “hicieron un uso torticero de su posición privilegiada para evitar los controles y la fiscalización”, dice el magistrado Diego Álvarez de Juan.

Innova pagó a Batesteza y a su empresa, BBATS Consulting, 387.000 euros sin comprobar si el arquitecto estaba haciendo los deberes, lo que supone “una grosera falta de control del dinero público”. Más aún cuando, según concluyen los informes del Ayuntamiento de Reus y de la Guardia Civil, parte de los trabajos no se realizaron. A pesar de que los encargos se prolongaron de 2007 a 2010, en el registro de Innova apenas se hallaron cuatro informes hechos por Batesteza, que también estampó “unas pocas firmas” en actas de visita de obras.

El arquitecto fue detenido por estos hechos en julio del año pasado. Su defensa alegó que los tickets de autopista —Innova le pagó 33 facturas por desplazamientos— probaban que Batesteza estaba al pie del cañón, haciendo su trabajo. Pero el juez desmonta esa tesis: algunos de los tickets son de la autopista C-16 y de los túneles de Vallvidrera, que “precisamente no unen Barcelona, domicilio del proveedor, con Reus, domicilio del cliente”. Batesteza añadió que tal vez Innova no tenía sus informes, pero él sí. El juez se pregunta cómo es posible que la empresa pública “haya pagado por ellos sin tenerlos”.

Pero hay más. Como ocurre en otros escándalos relacionados con la sanidad en Cataluña, la duplicidad de funciones (públicas y privadas) conduce a la duplicidad de salarios. En marzo de 2007, el exalcalde de Reus y consejero delegado de Innova, el socialista Lluís Miquel Pérez, asignó a Euroconsult el seguimiento de las obras del hospital. Como gerente de Infraestructuras, Batesteza participó en la mesa de contratación. Un año más tarde, sin embargo, la empresa designó a un técnico externo: ni más ni menos que Batesteza. La “esquizofrenia contractual”, señala el juez, es obvia. El arquitecto debía controlar, entre otras cosas, lo que hacía Euroconsult. Y, al ser contratado por esta empresa, pasó a “cobrar por supervisarse a sí mismo”.

El auto, dado a conocer ayer, pone fin al secreto de sumario sobre las irregularidades en el hospital de Reus, que es solo una de las ocho piezas separadas en las que el juez ha troceado el caso Innova. Su origen está en una denuncia presentada por David Vidal, concejal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en Reus. La Fiscalía investigó los hechos y los remitió al juzgado, que imputó a Prat y a Batesteza. Los excargos deben depositar 1,5 millones cada uno en cuatro días para afrontar sus responsabilidades; de lo contrario, sus bienes serán embargados.

El juez ha imputado ahora a cinco personas más por su participación en los hechos: Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova; Natàlia Torrell, exsecretaria del holding; José Vicente Gómez, exdirector de obras y proyectos de Innova; Sergi Luqui, responsable de Euroconsult, y el exalcalde Pérez. El auto les atribuye los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

El caso Innova afecta de lleno a Prat, una de las personalidades más relevantes de la sanidad catalana y colaborador del consejero de Salud, Boi Ruiz. En 2012, cuando la CUP denunció los hechos, compaginaba la presidencia del ICS —que gestiona ocho grandes hospitales— con un puesto directivo en el grupo USP Hospitales. A la vez, dirigía Innova. Entre otras irregularidades, el juez investiga el pago por parte de Innova de 720.000 euros en cinco años a Carles Manté, exdirector de Catsalut, por trabajos inexistentes. Ambos fueron detenidos en febrero de 2013.

Batesteza también fue beneficiado por otro contrato de servicios para el nuevo ambulatorio de Vila-seca, que se investigan en otra pieza separada. Por esos hechos está imputado el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU) junto a seis concejales y el propio Batesteza.

Los argumentos que sirven para el ambulatorio, dice el juez, son válidos también para el hospital. Sobre Batesteza, “no se discute su capacidad profesional o técnica”, razona, sino “la forma que eligieron” ambos ayuntamientos para contratarle y la “falta de capacidad” para controlar la ejecución de los trabajos. Innova (Reus) y Vila-seca no convocaron concurso público “con la finalidad de beneficiarle”. Y el arquitecto “se aprovechó de su posición” en el Catsalut para “obtener dos lucrativos contratos con Innova y Euroconsult; con la particularidad de que esos contratos eran, en esencia, para realizar la misma función al mismo tiempo”.

En los registros, la Guardia Civil se incautó de ordenadores. Y allí halló correos electrónicos sobre proyectos de su empresa en Sudamérica que le dejan en mal lugar. El juez reprocha la “llamativa forma de actuar” de una persona que “ha ocupado un cargo público”. En un correo citado por el juez, a propósito de un proyecto en Costa Rica, su hijo le escribe: “Me he conseguido un arquitecto hijo de un excónsul y madre exdiputada, tío e xministro de Salud (...) Empiezo con Costa Rica a ver qué vamos sacando”. En otros papeles aparecen expresiones de aroma similar: “enchufe”, “nos pagan concurso”, “tienen prometido una políclínica”... Incluso hablan de pagar “a cambio de una promesa de contrato”.

Otros correos escritos por Batesteza muestran cómo, según el juez, “se aprovecha de su etapa como funcionario público en beneficio de sus intereses privados”. El 2 de febrero de 2011, el arquitecto escribe: “Seguramente habrás visto las nuevas autoridades de CiU y que han nombrado consejero justamente a Boi Ruiz, que es quien yo quería llevar ante el ministro chileno. Para este proyecto contaremos con todo apoyo institucional”. Más tarde (junio de 2011) se queja de que su empresa ha quedado fuera de unos concursos y habla de la necesidad de concertar una reunión con Boi Ruiz. “Preferiría ver personalmente a Boi (...) y comentarle el estado en el que nos encontramos los que fuimos heridos en combate, sin ninguna ayuda y perseguidos por esta banda como en épocas anteriores”.