La justicia no habla en euskera

Nik ere euskaraz (yo también, en euskera). Un cartelito verde con ese mensaje indica en los juzgados del País Vasco que el funcionario que atiende al público es bilingüe. El ciudadano elige: euskera o castellano. El número de empleados públicos de la Administración de Justicia dependientes del Gobierno vasco que deben acreditar el conocimiento de la lengua vasca crece, pero la presencia del euskera en los procesos judiciales no avanza. En los juzgados de paz, sobre todo en las zonas con mayor porcentaje de vascohablantes, o en los registros civiles se habla y se trabaja en euskera con relativa normalidad, pero en otros ámbitos judiciales es mínima.

El uso de la lengua vasca, después de 35 años de cooficialidad, es tan excepcional que la celebración de una vista íntegramente en euskera el pasado mes de enero en un juzgado de lo social de San Sebastián, tras alcanzar todas las partes el acuerdo para hacerlo, fue citada en una respuesta parlamentaria por el consejero de Justicia, Josu Erkoreka, como ejemplo del avance lingüístico.

Sobre el papel, el ciudadano que acude a la justicia en el País Vasco tiene derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales. Los documentos se traducen y en las declaraciones en euskera se puede pedir la intervención de un intérprete. Pero la realidad es que el proceso se ralentiza hasta límites que lo hacen inasumible. “Lo primero es informar al cliente de que el caso puede tardar en resolverse tres veces más si la denuncia se presenta en euskera, o decirle al detenido que no será puesto en libertad hasta que llegue el intérprete”, dice la letrada Izar Begoña, miembro de la comisión de euskera del Colegio de Abogados de Bizkaia.

Iñigo Santxo, con 21 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en Bilbao, nunca ha visto que prescriba un caso que ha defendido en castellano. En euskera, una parte pequeña de los asuntos que pasan por su despacho, ya le ha ocurrido tres veces. Y el cuarto va por el mismo camino: un procedimiento penal que se inició en julio de 2008 sigue a la espera del auto de apertura del juicio oral. “Es un asunto sin complicaciones, con un solo testigo, que de haberse tramitado en castellano estaría resuelto hace tiempo”, explica. “En un caso así, en dos años puedes tener resuelto hasta el recurso de apelación”.

Los profesionales utilizan el símil de la cadena para hablar de los procesos judiciales. Una cadena en la que se suman eslabones gobernados por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judial y el Gobierno vasco, cada uno con distintas normativas lingüísticas. Mientras en la cúpula, magistrados y jueces, no se trabaje en euskera, coinciden los profesionales, no habrá avances reales. Y para el Poder Judicial la lengua oficial es el castellano; las otras lenguas oficiales propias de la comunidad autónoma, establece la ley orgánica, “podrán usarse si ninguna de las partes se opusiere”. Solo una veintena de jueces y magistrados, y otros tantos fiscales y secretarios judiciales, son bilingües, una cifra claramente insuficiente para atender el centenar y medio de juzgados que funcionan en el País Vasco.

En las últimas tres décadas, el porcentaje de vascos que conoce el euskera ha aumentado un 14,5%. Según el Mapa Sociolingüístico presentado este año, 6 de cada 10 ciudadanos al menos lo entienden bien aunque lo hablen con dificultad. En la enseñanza, las líneas en euskera y bilingües son mayoritarias; en la sanidad pública, 7.100 trabajadores de un total de 30.000 tienen acreditado un determinado conocimiento de la lengua vasca, el denominado perfil lingüístico que corresponde a su puesto, y está en marcha el II Plan de Euskera del Servicio Vasco de Salud, que plantea circuitos bilingües desde la atención primaria hasta la especializada. En la justicia, el retraso es considerable.

El primer plan para fomentar el uso del euskera en la justicia vio la luz el pasado diciembre. El Gobierno vasco ha consensuado con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Fiscalía el programa Auzia euskaraz (el proceso, en euskera) con el objetivo puesto en que, desde la llegada a la ventanilla hasta la publicación de la sentencia, todos los pasos puedan darse en lengua vasca. Se ha comenzado por formar grupos con todos los estamentos de la judicatura para estudiar los casos en los que sea posible.

No hay horizonte temporal ni objetivos mínimos en el plan. Es un proyecto, ha reconocido Erkoreka, “a largo plazo” en el que su gran activo es el trabajo conjunto de todos los agentes implicados, desde los letrados hasta el magistrado que firma la sentencia. Jon Uriarte, director de Administración de Justicia del Gobierno vasco, defiende que trabajan “en términos realistas” para superar la fragmentación de los tribunales entre los distintos poderes del Estado, y las incertidumbres que se abren con los cambios legales en el Poder Judicial, y unir esfuerzos.

Antes de la puesta en marcha de Auzia euskaraz se ha llegado a un 64% de documentos emitidos bilingües, con la ayuda de un sistema informático de traducción asistida, y en el último año se ha incrementado un 13% la intervención de los nueve intérpretes que reparten sus servicios por los 14 partidos judiciales de la comunidad. Pero los procedimientos que llegan hasta la sentencia en euskera son una anécdota y es previsible que el avance sea lento.

Auzia euskaraz también ha llegado a los despachos de abogados. Un programa informático facilita la elaboración de documentos y la traducción de términos jurídicos. Con la implantación de la nueva oficina judicial, podrá cambiar el perfil lingüístico de los funcionarios dependientes del Gobierno vasco, pero el obstáculo más difícil para extender el uso del euskera se encuentra en el vértice de la pirámide judicial.

La traducción es una opción con inconvenientes. “Es delicado contemplar todos los matices, por muy profesional que sea el traductor”, recalca Begoña. “La traducción con un intérprete interfiere”, considera Jone Agirre, secretaria judicial en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. “No somos máquinas y se interrumpe la naturalidad del discurso. Los informes sufren muchísimo”.

Santxo califica de “papel mojado” el derecho a elegir la lengua oficial ante la justicia. “El Estado español ignora deliberadamente la cooficialidad”, critica. “Y las instituciones vascas son incapaces de garantizarlo”. Entre los profesionales de la justicia se anima a los ciudadanos a utilizar la lengua vasca en el inicio de los procesos, y a los estudiantes de Derecho, a matricularse en lengua vasca. Santxo, en cambio, reclama que sean la Administración autónoma, las Diputaciones y las sociedades públicas las que asuman un papel activo y litiguen sistemáticamente solo en euskera. “Tienen los medios para hacerlo y es hora de que hagan algo”, defiende. “Si solo el 1% de los procedimientos se hiciera en euskera, sería un impulso increíble, pero no lo piden a sus abogados y procuradores”. La excepción la constituyen la treintena de Ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA, en sus siglas en euskera), que solo se comunican con la justicia en lengua vasca.