La oposición exige a Barberá que retire la distinción a una veintena de franquistas

La ley de Memoria Histórica está en vigor desde hace siete años pero el Gobierno local en Valencia ha hecho oídos sordos a su artículo número 15 y mantiene más de 50 distinciones, honores, escudos y nombres de calles que exaltan el franquismo. Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia -PSPV, Compromís y EU- se han unido y piden, con informes jurídicos e históricos en la mano, que se anulen los títulos honoríficos a una veintena de personas relevantes del franquismo.

Valencia conserva como alcalde honorario a Adolfo Rincón de Arellano García, exalcalde de la capital y figura fundamental en la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión efectuada por la Dictadura franquista como jefe regional de Falange y de las JONS de Valencia.

También son hijos adoptivos de Valencia Antonio Aranda Mata (general golpista que ocupó Valencia al término de la contienda civil), Carlos Asensio Cabanillas (otro general golpista), Ramón Laporta Girón (inspector general del Movimiento de 1937 a 1943), Cirilo Cánovas o Jesús Posada Cacho. También mantienen las medallas de oro de la ciudad el dictador Francisco Franco y Luis Carrero Blanco, entre otros.Son en total 24 distinciones a 22 personas.  

"No hay duda que llevaron a cabo actuaciones que quebrantaron los principios de democracia, libertad y pluralidad política", concluyen los informes de ambas facultades. 

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó en septiembre de 2012, después de múltiples intentos de la oposición, una moción de EU por la que, cuando un grupo político detectara la presencia en la ciudad de algún símbolo que atentase contra la ley de Memoria Histórica, lo llevaría a la Comisión de Cultura y se aplicaría la ley que prohíbe la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

La oposición intentó poner en marcha la moción sin éxito pues plantearon una lista de nombres que vulneraban la ley, y el PP, que gobierna con mayoría absoluta el Consistorio, exigió que se documentase uno a uno los casos, con cargo al grupo que los solicitase.

Después de dos años y gracias a la colaboración desinteresada de la Universitat de València -de las facultades de Geografía e Historia y de Derecho-, la oposición presentará en la Comisión de Cultura de la próxima semana dos minuciosos informes que justifican la retirada de los títulos.  Después lo llevarán al pleno municipal de julio, el último antes de vacaciones.

Salvador Broseta, portavoz socialista, Joan Ribó, de Compromís, y Amadeu Sanchis, de EU, han advertido que si el PP de Rita Barberá sigue obstaculizando el cumplimiento de la ley, acudirán a los tribunales. Compromís tuvo que acudir a la justicia para obligar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a retirarle el título de alcalde honorario de la ciudad al dictador Franco. 

La regidora se había negado en dos plenos municipales en los que los socialistas primero, y Compromís después, le pidieron que aplicara la Ley de la Memoria Histórica.

"El PP lleva tres años en el Gobierno de España y que nosotros sepamos no ha derogado la ley de Memoria Histórica, luego tiene que cumplirse", ha remachado el concejal socialista Salvador Broseta. Joan Ribó, de Compromís, ha añadido que es preciso "limpiar la ciudad de la gran cantidad de símbolos, señales y honores que algunos se empeñan en mantener".

Amadeu Sanchis ha lamentado que el PP "haya puesto tantas cortapisas para eludir la ley" y ha recordado los obstáculos que el Ejecutivo local ha puesto para dedicar, por ejemplo, al presidente de la Segunda República Española Manuel Azaña una calle en Valencia.