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Viladecans asegura que hay 50 empresas interesadas en instalarse en el ‘outlet’

Comercio prevé que el centro comercial facture 88 millones de euros en 2016

Clara Blanchar

Ya hay 50 empresas interesadas en instalarse en el outlet que está previsto que abra en 2016 en Ca n'Alemany en Viladecans (Baix Llobregat). La dirección general de Comercio de la Generalitat prevé que el complejo que promueve Neinver en terrenos comprados al Incasòl, The Style Outlets, facture 88 millones de euros en 2016 y alcance los 117 millones dos años después, en 2018. El Gobierno catalán y el Ayuntamiento aseguran que el centro comercial, de 37.000 metros cuadrados, creará hasta 1.300 empleos directos, pero todavía no han presentado el estudio que prometieron sobre el impacto en el empleo del pequeño comercio. Sí admiten que reducirá las ventas sobre los comercios de Viladecans un 5,46%.

Más de un año después de que se hiciera público el proyecto de instalar el macro outlet en Viladecans (Baix Llobregat) las tres partes del sector público implicadas en el plan --el ayuntamiento y los responsables del Incasòl y la dirección de Comercio de la Generalitat-- han comparecido en el Parlament para explicar su marcha.

La comparecencia, en el marco de la comisión de Empresa y Empleo, se ha convertido en un diálogo de sordos, en el que los comparecientes han defendido el futuro centro comercial como polo económico y creador de empleo; mientras en los bancos de los grupos parlamentarios se exigían explicaciones sobre cuál serán las consecuencias para las ventas y el empleo del comercio de proximidad de un complejo que se implantará en una zona "sobresaturada", que ya tiene otros 10 centros comerciales.

La Confederación de Comercio de Catalunya, que ha estado presente en la comisión de la cámara catalana, ha emitido un comunicado en el que lamenta la falta de transparencia del Ayuntamiento, a quien acusa de impedir el acceso a la documentación sobre el proyecto. Tras la comisión, el presidente de los comerciantes, Miquel Ángel Fraile, ha tachado el outlet de "proyecto especulativo que responde a los intereses del Incasòl y no a los del sector del comercio ni de Catalunya".

El alcalde, Carles Ruiz (PSC) ha defendido sobre todo la "importancia a nivel económico" del centro comercial para el área del Delta del Llobregat. Ruiz ha recordado que el proyecto supondrá una inversión de 118 millones de euros y la creación de 1.300 empleos directos en una zona donde el paro supera el de la media de Cataluña (un 16% sobre un 14,5%, ha dicho). Ruiz ha defendido la "diversidad económica" de un municipio que con el outlet no apuesta por el monocultivo y, ha recordado, tiene desde actividad industrial y agraria hasta un centro de estudios de la UPC, el centro de Transferencia Agrícola.

El director del Incasòl, Damià Calvet, ha explicado en qué circunstancias se produjo la venta de los terrenos a Neinver por 24 millones de euros. Fue al constatar el parón del proyecto de crear en los terrenos de Ca n'Alemany un Parque Aeroespacial y de Movilidad. "Pese a todos los esfuerzos en gestión del suelo, este parque no tuvo demanda, estaba parado y no aportaba ningún retorno a la sociedad", ha asegurado y ha recordado que cuando el Incasòl vende suelo las plusvalías se destinan a la promoción de vivienda social. En este caso, 10,8 millones, porque entre 1989 y 2004 la Generalitat pagó un total de 13,2 por las parcelas. Calvet ha recordado que además de los terrenos vendidos a Neinver, también Desigual ocupará parte de Ca n'Alemany para construir su plataforma logística.

Por su parte, el director general de Comercio de la Generalitat, Josep Maria Recasens, se ha mostrado visiblemente disgustado durante toda la comisión ante los reproches de los partidos. Hasta que en los últimos tres minutos ha revelado que el Gobierno sí dispone de un primer estudio sobre el impacto del centro: 88 millones de facturación el primer año y hasta 117 en 2018. Unas cifras que se basan en la preemisa de que el outlet tendrá un área de influencia compuesta por 272 municipios, los que se encuentran a una hora en coche y que suman casi seis millones de habitantes.

El mismo estudio afirma que el impacto sobre las ventas del propio municipio de Viladecans será "bastante reducido", del 5,46%. Y no ha aportado más información sobre cuál puede ser la destrucción de empleo en el pequeño comercio que cause la existencia del complejo de gangas. Recasens ha precisado que de los 37.000 metros cuadrados que está previsto que ocupe el complejo en 2016 se habrán construido 15.000 y en 2018 otros 5.000, hasta 20.000.

En las intervenciones de los partidos, ERC ha preguntado reiteradamente por boca de la diputada Anna Simó cuál será el perfil de outlet y el impacto sobre el empleo en la zona. Alícia Romero, del PSC, también ha preguntado sobre el impacto, pero en un tono más moderado, habida cuenta de que el alcalde pertenece a su mismo partido. El PP se ha mostrado partidario del crecimiento económico pero preocupado por el pequeño comercio, e ICV y la CUP se han interesado por la "calidad del empleo".

También ha sido motivo de discusión el hecho de que Neinver lograra la licencia en 2010 de acuerdo con la normativa del Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV), una norma que en 2011 modificó el actual ejecutivo en manos de CiU. La cuestión es que la ubicación de los terrenos de Ca n'Alemany, en una zona aislada, fuera del núcleo urbano, va en contra de la normativa comercial de la Generalitat, que desde finales de 2011 prohíbe la implantación de grandes superficies comerciales en ese tipo de ubicaciones. Neinver logró la licencia aprovechando una excepción normativa creada por el Tripartito, que permitía construir equipamientos de ese tipo en fincas colindantes con tramas urbanas. Poco después, el primer Gobierno de CiU anuló esa excepción a través de una ley omnibus, lo que impediría hoy a la compañía conseguir licencia para un proyecto similar, pese a que fue un Gobierno de CiU el que permitió en su día la apertura en La Roca del Vallès de un recinto similar al que tendrá Viladecans.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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