El Ejecutivo no tomará medidas con los cargos responsabilizados por la Cámara

El Gobierno vasco no es partidario de elevar a la comisión de ética pública ni de impulsar la destitución de ninguno de los seis altos cargos del actual equipo de Iñigo Urkullu a los que el Parlamento apuntó la pasada semana como responsables políticos de decisiones incorrectas en torno a los apoyos públicos a Epsilon e Hiriko. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, también presidente de la comisión de ética pública que controla los incumplimientos del código ético, ha resaltado hoy que no se pueden adoptar decisiones al respecto porque las decisiones de las que habla el dictamen parlamentario, solo rechazado por el PNV, son de 2007 y 2009.

Erkoreka ha cargado contra el dictamen una vez más, ha asegurado que responde a un “objetivo” fijado de entrada por la oposición y para el que “se han dejado por el camino datos” que el Ejecutivo y el PNV consideran importantes para explicar la verdad. El portavoz ha defendido a cargos como la consejera Arantza Tapia o la viceconsejera Ana Aguirre, ya que ambas son responsables políticas de las decisiones sobre el fallido proyecto Epsilon a ojos del Parlamento. Y ha resaltado que únicamente se pueden tomar medidas con efectos retroactivos si se trata de una gestión que se judicializa y, como resultado, ese alto cargo es imputado. La fiscalía alavesa analiza tanto la operación de apoyo a Epsilon por parte del parque de Miñano de 2009 como el entramado societario y las ayudas al segundo proyecto fallido, el del coche eléctrico Hiriko.

El código ético recoge lo siguiente: "Los cargos públicos y asimilados deberán responder por la gestión realizada, así como por las decisiones, acciones u omisiones propias de su ámbito de competencia y de sus propias funciones. Su responsabilidad podrá ser política o gerencial, según los casos, pudiendo conllevar –en aquellos supuestos previstos legalmente– una rendición de cuentas que suponga incluso el cese o el apartamiento del cargo que vinieran desempeñando. Para hacer efectiva esa responsabilidad, los cargos públicos y asimilados deberán exteriorizar y justificar en sus resoluciones, actos o en aquellas otras decisiones que adopten las razones objetivas de tales medidas, sometiéndose de ese modo a un correcto escrutinio por parte del Parlamento y de la propia ciudadanía".

El portavoz ha centrado las críticas en la oposición y ha puesto todas las culpas de Epsilon en el tejado del Gobierno central, que concedió la mayoría de los 48 millones de euros en ayudas, y en el del Gobierno vasco anterior, también socialista, porque, ha resaltado, en 2007 no se conocía la mala situación de Epsilon pero en 2010 sí, un ejercicio en el que se concedieron ayudas por 600.000 euros a este proyecto. Erkoreka ha resaltado que todo esto se omite en el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria.

Preguntado por su responsabilidad cuando era portavoz del PNV en el Congreso en 2010, año en que el hoy portavoz del Ejecutivo lideró las negociaciones presupuestarias con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, Erkoreka se ha limitado a señalar que tanto el PNV como el equipo de Zapatero apostaban por Epsilon y ha asegurado que en todo caso la administración central tenía más información que él de la situación real de la compañía, que acabó en concurso de acreedores.

El Ejecutivo, ha dicho, sigue buscando compradores para el edificio de Epsilon, cuyo proceso de venta –tras una compra obligada por el acuerdo del parque de Miñano en 2009 con la Caja Vital y con Kutxa y finalizada el pasado mes de mayo- sigue en adelante. Es, ha subrayado, lo que permitirá dilucidar si ha habido un daño patrimonial para las arcas públicas o no, ya que en esa obligada operación de compra Euskadi ha gastado 16 millones de euros que podían haber sido hasta 22 millones. El Gobierno intenta ahora, ha garantizado, “que el daño patrimonial sea el menor posible”.

Lo único que tendrá en cuenta el equipo de Urkullu serán las recomendaciones fijadas por el Parlamento para que casos como el de Epsilon e Hiriko no se vuelvan a dar, con planteamientos para reforzar el control de las ayudas concedidas a proyectos empresariales. En todo caso, Erkoreka ha señalado que “mal legado podríamos mandar a los técnicos de la política industrial si les hiciésemos ver que no conviene apostar por proyectos industriales que no garanticen su viabilidad al 100%, eso en I+D no se puede asegurar”. En todo caso, ha resaltado que “el Gobierno espera que los empresarios apuesten, arriesguen, no hay política industrial que sea efectiva sin eso”. Es precisamente el caso de Epsilon e Hiriko, proyectos en los que la financiación privada fue mínima, según han reconocido sus propios impulsores.