La fiscalía rebaja a 47 millones la petición a la excúpula de Spanair

"Si estamos aquí es porque Spanair ha sido una compañía que históricamente y de forma recurrente ha ido arrastrando pérdidas", ha afirmado hoy el ministerio fiscal en su conclusiones en el último día del juicio por la quiebra de la aerolínea. Por eso se ha reafirmado en sus calificaciones, en las que considera "culpable" el concurso de acreedores, y pide la inhabilitación durante dos años para administrar bienes ajenos del Consejo de Administración. Entre los demandados, el ministerio público mantiene también a la sociedad pública de la Generalitat Avançsa, a la que tacha de "coadministradora". Y se apoya en las declaraciones "exactamente iguales" del expresidente de la compañía, Ferran Soriano, y el del secretario general de Economía y Finanzas, Albert Carreras.

Tanto el administrador concursal como el ministerio público consideran que Spanair retrasó cinco meses la declaración del concurso de acreedores, que pidió el 30 de enero de 2012. En ese tiempo la deuda se agravó en 72 millones, que piden que asuma el Consejo de Administración. En el caso de que se condene también a Avançsa, la fiscal rebaja la cuantía exigida a 47, porque resta los 25 millones que inyectó la sociedad pública en ese periodo. Spanair se compró por un euro en 2008 por un conglomerado público-privado "en ese proyecto de país por un euro porque estaba en quiebra, porque solamente tenía perdidas", ha criticado la fiscal, que ha asegurado que "los suecos" no la habrían vendido si hubiese tenido ganancias, ni los socios hubiesen podido comprarla.

Tanto la fiscal Raquel Amado como el administrador concursal han repetido que el crédito de la Generalitat en el que se apoyan los denunciados no era "ilimitado". "Precisamente porque era dinero público estaba sujeto a unas limitaciones ", ha insistido Amado. "¿No le echaremos la culpa a los qataríes? ¿O la Unión Europea?", ha preguntado con sorna la representante del ministerio público,en referencia a las excusas del expresidente Ferran Soriano, que apuntó a Bruselas como una de las responsables de la quiebra de Spanair. La Unión Europea abrió una investigación a finales de 2011 sobre las ayudas públicas a la aerolínea, que llevó a la Qatar Airways a echarse atrás en la compra por los efectos en su reputación. La Generalitat entonces retiró el apoyo al proyecto, lo que dejó en tierra a la aerolínea el 27 de enero de 2012, dejando a casi 23.000 pasajeros y decretando un ERE que afectó a más de 2.000 empleados.

"Ha habido negligencia. Los gestores no fueron diligentes porque confiaron todo a ese socio industrial que iba a ser el aliño de la ensalada de Spanair e iba a solucionar todos los problemas", ha criticado la fiscal. Y en ese tiempo, según el administrador concursal, "Spanair por sí misma no era capaz de atender sus obligaciones corrientes". A pesar de eso, el administrador ha matizado su petición de inhabilitación. "El hecho de la inhabilitación a los consejeros supondría la imposibilidad de ejercer actos de comercio, y se iría mucho más allá de lo que pretende esta parte, que es proteger al mercado", ha dicho. Por ese motivo, "no se opondría a que esa inhabilitación no fuese acordada".

Las defensas han insistido en que el concurso fue "fortuito", puesto que en todo momento contaban con el dinero que bombeaba la Generalitat. Spanair era "extraordinariamente" solvente el 30 de junio de 2011, ha asegurado al defensa la Soriano, cuando el administrador concursal y la fiscalía sostienen que ya estaba en quiebra. Para los encausados, "el compromiso de la Generalitat fue total y absoluto, vinculado a la la incorporación de un socio industrial". En cuanto el Gobierno catalán retiró su apoyo, presentaron el concurso de acreedores, lo que demuestra, a su entender, el buen hacer del Consejo de Administración.