Airbnb advierte de que la multa de la Generalitat “frenará” Barcelona

La plataforma de Internet Airbnb advirtió este lunes de que la multa que le ha impuesto el Gobierno catalán por comercializar apartamentos turísticos que no están regularizados “frenará” a la ciudad de Barcelona, que ahora es la tercera destinación más popular del portal, solo por detrás de Nueva York y París. Los responsables de la compañía con sede en San Francisco aseguraron en un comunicado que la resolución de la Generalitat los “decepciona” y sostuvieron que están estudiando “alternativas legales” a la sanción, de 30.000 euros.

El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, se mantuvo firme en la decisión adoptada e insistió en que está analizando la posibilidad de iniciar un procedimiento para impedir el acceso al portal desde cualquier IP situada en Cataluña, para lo que deberá contar con la colaboración de las empresas de telecomuniaciones al no ser competente en esta materia. El consejero aseguró que su departamento “no está en contra de la economía colaborativa”, pero recordó que “las reglas de juego deben ser iguales para todo el mundo”. “La economía colaborativa no quiere decir economía sumergida, ni contratación ilegal, ni fraude fiscal, ni riesgos para los consumidores”, añadió.

La plataforma no precisó si, como le solicita la Generalitat, retirará de su plataforma todos los pisos que no son legales. Se trata de apartamentos no inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña y, sobre todo, habitaciones en domicilios particulares. La normativa catalana prohíbe el alquiler a viajeros de estancias, como se encargó de recordar ayer Puig. “Seguiremos aportando información consistente acerca de la normativa en Barcelona y pidiendo a todos los anfitriones de Airbnb que la sigan”, aseguró la compañía.

Airbnb recordó que, según un estudio en el que participaron profesores de Iese y Esade, genera 128 millones de euros y 4.000 puestos de trabajo al año en la capital catalana. La compañía recuerda que la plataforma, basada en el modelo peer to peer (de particular a particular), permite que muchos ciudadanos puedan pagar sus facturas. La empresa acaba señalando que seguirá “colaborando con los legisladores de Barcelona y Cataluña” para crear “unas leyes más  adecuadas” que permitan que “las personas compartan la casa en la que viven”.

Puig agregó que el portal de Internet “puede perfectamente” intermediar para ofrecer apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico, siempre que estén inscritos. “Si Airbnb cree que se pueden modificar algunos aspectos, evidentemente podemos hablar de ello, pero mientras eso sucede hay que cumplir la normativa vigente”, agregó Puig.

La Generalitat es la primera Administración de la Unión Europea que sanciona a Airbnb, que ha tenido ya problemas con la fiscalía del Estado de Nueva York (EE UU), el Estado de Quebec (Canadá) o la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos). El Ejecutivo catalán ha impuesto a la plataforma una sanción “grave” con la máxima multa posible tras haber rastreado más de 2.000 sitios de Internet y haber sancionado finalmente a ocho empresa. El Departamento de Empresa también expedientó a 284 personas que gestionaban 1.780 viviendas que sumaban 11.000 plazas ilegales.