Un curso escolar sin fin y con una reforma a medias

En los institutos públicos valencianos se juntarán esta semana los exámenes extraordinarios de Secundaria, que antes se hacían en septiembre, con la organización de la nueva Formación Profesional Básica (FPB) de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que se estrena en septiembre, pero cuya normativa todavía no está siquiera publicada en el diario oficial.

También en los colegios de Primaria están a estas alturas todavía esperando la publicación del decreto del Consell que regula la ordenación, los currículos, los horarios y la evaluación de la Educación Primaria, para poder cerrar su planificación del próximo curso, en el que se aplicará la LOMCE en los cursos impares de esta etapa. Se trata de la gran reforma del sistema educativo español tras la LOE de 2006, pero el Consell no ha aprobado este decreto hasta el pasado viernes, 4 de julio, apenas 60 días antes del comienzo de curso. En todo caso tampoco entrará en vigor hasta su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La coincidencia de estos atrasos con el adelanto histórico de las clases el curso que viene al 3 de septiembre para Primaria y Secundaria, ha convertido el curso en “inacabable”, en expresión de un director de colegio y amenaza con provocar un auténtico desbarajuste. Ayer, sin ir más lejos la Generalitat informó de que la Consejería de Educación “está ultimando la resolución por la que se dictan las instrucciones de inicio de curso para la organización y funcionamiento de los centros de Educación Infantil de segundo ciclo y Primaria”. Con está combinación de adelantos y retrasos, “se está exigiendo un gran esfuerzo a toda la comunidad educativa”, resume Loli Tirado, presidenta de la Confederación Gonzalo Anaya de asociaciones de padres.

“Si todo está listo para comenzar el curso el 3 de septiembre no será porque la Consejería de Educación ha creado las condiciones idóneas, sino por los equipos directivos, claustros docentes y madres y padres e alumnos que están dedicando mucho tiempo y toda la voluntad para comenzar el curso de la mejor manera posible”.

Las mismas asociaciones de padres llevan “un retraso considerable en tareas que en junio normalmente tenían ultimadas, como los servicios que ofrecen a las familias asociadas para la obtención de los libros de texto a causa de la aplicación de la LOMCE, ya se trate de la distribución o encomienda de los libros o su reutilización”, explican desde la Gonzalo Anaya.

Hasta ahora, los equipos docentes no “han podido decidir con garantías” acerca de los libros y materiales didácticos del próximo curso por no tener “claro el currículo de los nuevos planes de estudio”, constata Vicent Ripoll, presidente de la Associació Valenciana de Directors d'Infantil i Primària (Avdip). “Eso si, por lo que hasta ahora sabemos por las instrucciones sobre libros de texto, vamos a tener mucho margen para decidir cuáles usamos una vez que conozcamos el currículo”, prosigue, “Normalmente, no nos dan tanta autonomía”. Para Ripoll, director del colegio Ballester Fandos de Valencia, esa autonomía viene dada porque “tal como han hecho las cosas, sabían que no nos podían apretar mucho”. Al final, son los equipos directivos y docentes los que dan la cara y “si un padre protesta, ¿ a quién responsabilizas?, al que ha tomado la decisión deprisa y corriendo”.

En todo caso, las previsiones apuntan a que va a haber “muchísima” reutilización de libros, sugiere Ripoll a partir de lo que ha hablado con otros directores. Sobre todo, en cuarto y sexto de Primaria, aunque también en los nuevos cursos en los que ya se aplicará la LOMCE (1º, 3º y 5º), “añadiendo algunos apéndices acordes con las modificaciones del currículo que se publique”. Los centros tendrán de plazo hasta el día 15 de julio para comunicar los libros de texto que utilizarán el próximo curso, dos semanas más tarde que otros años. La Generalitat recordó ayer también que en las instrucciones de inicio de curso la Consejería “insta a los centros a mantener la vigencia de los libros de texto de Primaria durante 6 años”, una decisión que, en todo caso, es competencia de los órganos de coordinación didáctica de los centros, con el fin de que las familias puedan reutilizarlos y ahorrar en la compra de este material escolar”.

Esas mismas instrucciones han de determinar oficialmente la jornada escolar diaria, que “con carácter general”, comenzará a las 9 horas y finalizará a las 17 horas. El currículo se desarrollará a través de seis sesiones lectivas diarias, a diferencia del antiguo horario, de cinco sesiones. La duración de las sesiones también cambia, en el horario LOMCE se prevé que sean de 45 minutos. Pero nada de esto ha sido publicado oficialmente aún, cuando “son cambios sustanciales que implican a maestros, a las asignaturas, a los padres, al comedor, pero todo está en el aire”, argumenta Vicent Ripoll. “Este año es un caos, nadie sabe lo que va a comprar”, corrobora preocupado David Cases, presidente del Gremi de Llibrers de València.

Por si faltaba algo para alargar el curso, desde la Gonzalo Anaya recuerdan que “también las ayudas al comedor escolar y su tramitación está provocando que las familias tengan que volver a los centros a presentar la solicitud durante julio”. El director del Ballester Fandos recuerda que la convocatoria de ayudas al comedor se publicó un día antes de acabar las clases, el 19 de junio, con una corrección de errores seis días después y la consiguiente dificultad para darlo a conocer a todas las familias. “Hemos procurado que al menos todos los que fueron beneficiarios el año pasado se enteraran bien”, explica el director.

“Estamos montando el curso en el aire”, reconoce Vicent Bagetto, presidente de la Coordinadora de Directores de Secundaria, que vive en su propio centro de Sueca el proceso de cambio de los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) a la Formación Profesional Básica (PFPB) de la LOMCE. En el instituto tenían un PCPI de Automoción y otro de Administrativo. Éste “nos autorizan la transformación automáticamente a PFPB, pero el de automoción, no, y lo malo es que desconocemos los criterios de por qué se hace”. Este problema se reproduce e incluso agrava en otros centros y, aunque Educación proclama a través de un comunicado que habrá 1.600 profesores de la nueva formación profesional e invertirá en ella 64 millones de euros, el desconcierto, si no el enfado, en estos centros es notorio. Más aún cuando a estas alturas sigue sin publicarse la normativa que regula la implantación de la nueva FPB, para la que ni siquiera se ha abierto el periodo de preinscripción.

Toda esta incertidumbre afecta a la organización del próximo curso y de los equipos docentes y coincide, la próxima semana, recuerda Baggetto, con los exámenes extraordinarios de Secundaria, las pruebas de acceso a ciclos formativos y de acceso a la Universidad. La mayoría de los sindicatos criticaron la implantación precipitada de la FPB, pidieron que se aplazara o, cuando menos, reclamaron que se reconsiderara el procedimiento que se sigue en su aplicación. El próximo miércoles y jueves los alumnos de Secundaria se enfrentaran a los primeros exámenes extraordinarios de julio. En un mismo día, el viernes, conocerán la evaluación y tendrán que reclamar si no están de acuerdo. Estableciendo un simil con estas pruebas, la Gonzalo Anaya “suspende a la Consejería de Educación en planificación y objetivos a la hora de implantar la ley y sin opción a recuperar en septiembre”.