UGT denuncia retrasos en los pagos a familias con niños tutelados

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha criticado este lunes el "retraso" en los pagos de la Generalitat Valenciana a las familias con niños tutelados y que, en algunos casos, según asegura el sindicato, han llegado a provocar que "les corten la luz". Por su parte la Consejería de Bienestar Social ha recalcado que no se trata de una situación generalizada, sino que "afecta solo a 79 de las 494 familias educadoras" y que es debida a "cuestiones de trámites administrativos". Además, ha avanzado que se van a regularizar los pagos durante la primera quincena de julio.

El sindicato ha informado de que en la Comunidad Valenciana hay más de 1.200 menores acogidos en familias distintas de las de origen, para la atención de sus necesidades básicas y afectivas, de los que poco más de 500 menores están bajo la guarda o tutela de la Generalitat, acogidos por familias educadoras. Cerca de 700 menores están acogidos por familia extensa o allegada (abuelos, tíos o vecinos). En esta situación, según explica UGT, se encuentran centenares de familias en las que son los familiares quienes atienden a 2 o 3 niños ante la dificultad o dejación de funciones de sus padres. En muchos casos los únicos ingresos provienen de una exigua pensión del abuelo, con la que ha de hacer frente al cuidado de sus nietos.

"Muchas de estas familias no pueden afrontar ni siquiera los gastos para la alimentación de estos menores; a algunas familias se les ha cortado la luz por falta de pago. Se trata de familias vulnerables que intentan cuidar a niños de familiares o de vecinos que no prestan a los menores el cuidado necesario", explica el sindicato.

Para la FSP-UGT, "la solidaridad de estas familias contrasta con la insensibilidad de la Generalitat, que no prioriza el pago de las escasas ayudas que concede, a pesar de los constantes informes que exponen los alarmantes índices de pobreza infantil".

En este sentido, desde la federación manifiestan que las ayudas a las familias educadoras deben cubrir los gastos de manutención de los menores acogidos, "pero resultan muy escasas para atender tratamientos médicos o psicológicos que en muchos casos precisan, los desplazamientos, los libros de texto (máximo 125 ) o multitud de gastos extraordinarios a lo que debe añadirse que estas prestaciones económicas computan como ingresos a efectos fiscales".

También se dan casos, agrega la organización, en que los menores no poseen documento de identificación por problemas con los países de origen de sus padres biológicos, lo que impide el acceso a otras prestaciones, por ejemplo por discapacidad. Según UGT, "la Generalitat ha rebajado del 100 al 60% la cobertura de los gastos extraordinarios".

Desde este sindicato aseguran que "el retraso en el pago de ayudas alcanza los seis meses, y se vienen reproduciendo de forma crónica, lo que lleva al colapso económico de muchas familias". "La ayuda a familia extensa es de 4,5 euros por menor y día, y de 9 en familia educadora (que asciende a 10,50 euros si se trata de menores con necesidades especiales)".

Para la FSP-UGT, la actitud de la Generalitat resulta "miope e ineficiente, porque el ingreso de un menor en un centro de acogida tiene un coste muchísimo mayor, ya que puede estar sobre los 80 /día, que es 8 veces más que el coste en una familia educadora y 17 veces el coste de la atención en familia extensa o allegada. A ello hay que añadir los recortes en las políticas sociales de prevención en el ámbito de menores, como son los recortes en SEAFIs (Servicios de Atención a Familia e Infancia) gestionados por los ayuntamientos o los centros de día.

En la misma línea, la FSP considera que "este desmantelamiento de los servicios sociales provoca que haya casos en que no se detecten maltratos y otros en los que los servicios municipales no podrán atender a menores de familias desahuciadas porque no tienen medios suficientes".

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han asegurado que los retrasos en los pagos "no son generalizados" y que, de hecho, en las provincias de Castellón y Alicante se han hecho efectivos todos los abonos hasta abril y en Valencia "han cobrado 148 familias y quedan pendientes solo 79 debido a trámites administrativos, algunos tan simples como no haber presentado a tiempo el IBAN". Las mismas fuentes agregan que, en cualquier caso, "se han priorizado pagos y todos cobrarán hasta el mes de mayo durante la primera quincena del mes de julio".