Varios informes revelan el desconcierto de los expertos ante el ‘aval’ a Epsilon

El envío por parte del presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) del expediente relacionado con las ayudas públicas a Epsilon ha levantado nuevas ampollas en el seno del tribunal, entre la gran mayoría de los consejeros que componen el pleno. José Ignacio Martínez Churiaque remitió este miércoles al Legislativo lo que le había pedido, el informe que no se aprobó en el tribunal y que él, su autor, denunció que se había recortado de cara al informe final.

El documento muestra la supresión de las nuevas referencias a una operación de 2009 del parque de Miñano para apoyar a Epsilon y la incorporación en el definitivo de las conclusiones del tribunal cuando fiscalizó las cuentas del parque de ese año, aprobado por unanimidad por todos los consejeros. También se suprimen las dudas sobre la actuación en 2012 para paliar los efectos de la operación de 2009.

Este jueves, EH Bildu denunció que la “intención de PNV y PSE es evidente cuando vemos que, entre otras, suprimieron del informe original del TVCP las conclusiones relativas al aval encubierto”, en referencia a una operación del parque de Miñano de 2009. La coalición cree que es “urgente que el Gobierno vasco asuma su responsabilidad y tome medidas efectivas para garantizar la defensa del interés y del patrimonio público, cosa que hasta ahora no ha hecho”. Y denuncia un intento de situar “el epicentro del problema en los líos internos del tribunal y no en la trama de corrupción y dejación pública en Epsilon e Hiriko, tratan de desviar la atención”.

Un cuadro comparativo de dos informes jurídicos y de control económico del Gobierno y los dos internos del tribunal deja clara una conclusión: que no hay nada claro en torno a la operación de 2009. Esta suponía que, a cambio de que Epsilon lograra un préstamo de 16 millones de las cajas, el parque tecnológico público aceptaba la cesión de rango hipotecario y se comprometía a acudir a subasta si Epsilon fracasaba, por un coste de entre 14 y 22 millones.

El envío de todos los documentos al Parlamento levanta ampollas

De los cuatro informes, dos dicen claramente que no estaba en el objeto social del parque hacer la operación. Tres de ellos consideran que se tenían que haber notificado a la Comisión Europea por si era una ayuda de estado y solo uno señala que esto no había que hacerlo porque no se había recomendado en actuaciones similares —aunque, según el Departamento de Desarrollo Económico, no ha habido nunca una decisión como la del parque con Epsilon—. Sobre un posible quebranto económico, dos informes hablan de “riesgo” en la decisión, uno no entra a analizar este extremo y el cuarto resalta que se “compromete patrimonialmente” al parque.

Sobre las responsabilidades ante la decisión, un informe no entra a dar su punto de vista y los otros tres lo condicionan a si al final de todo el proceso. Este no ha culminado aún. En mayo de 2014 el Gobierno ha adquirido el edificio y la maquinaria de Epsilon 16,3 millones de euros —la cantidad pactada por el Gobierno socialista en 2012 con Kutxabank, a quien al mismo tiempo pidió un préstamo para poder afrontar el pago de esa cantidad a la misma entidad— y otros dos por el suelo. La que fuera consejera de Industria en 2009, Ana Aguirre, aseguró el pasado martes que no lo ha habido. Según otro de los documentos enviados al Parlamento, hay cuatro escenarios previstos, pero no se puede aclarar el final de todo el complejo camino del apoyo a Epsilon porque existen compradores interesados pero no una venta cerrada con ellos que permita calcular el saldo final.

No son pocos los que dudan en el seno del tribunal de la legalidad del envío de todos estos documentos al Parlamento. El órgano fiscalizador jamás había remitido borradores y documentos de trabajo al Parlamento. En todo caso, aseguran que la remisión de la documentación no se encontraba en el orden del día del pleno convocado para el pasado martes y que finalmente no se celebró porque los consejeros designados por PNV y PSE no acudieron a la cita.

Ante la duda de si la mayoría de los consejeros que suponen los de PNV y PSE —cinco de siete— acudirán o no al pleno convocado para el próximo 21 julio, en el tribunal hay voces que hablan ya de estudiar fórmulas legales para tomar medidas que puedan evitar un bloqueo del tribunal en la toma de decisiones.