Los expertos alegan que el proyecto de Altadis de Sevilla vulnera las leyes

El devenir burocrático de los terrenos de la fábrica de Altadis en Sevilla ha incorporado este jueves varios textos nuevos a su tramitación. Estos documentos pueden redefinir el futuro de edificación y usos comerciales y sociales que el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa de tabacos tienen previsto para este espacio según establecieron en un convenio que firmaron de forma unilateral el pasado marzo. Ecologistas en Acción, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en España, Arquitectura y Compromiso Social y otras entidades y particulares han presentado sus documentos de alegaciones en el Ayuntamiento, en ellos plantean que ese proyecto previsto vulnera varias leyes.

Entre otras propuestas, el proyecto presentado por el Ayuntamiento y Altadis propone la construcción de tres torres, la ampliación de la edificabilidad, la demolición de algunos módulos y que el uso de los suelos sea terciario, punto que tendrá que aprobar la Junta de Andalucía, ya que en 2003 se acordó por unanimidad en el Ayuntamiento el uso singular industrial para estos terrenos. Hasta el momento, la Junta no ha resuelto esta cuestión, pero la presidenta ya adelantó que tendrá que estudiar la altura de las torres.

Con respecto a la longitud de estos nuevos edificios, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en España plantea en sus alegaciones: "La propuesta del presente Proyecto de Convenio es de ocho plantas en un caso y de siete plantas en otros dos edificios, más del doble de la permitida en el PGOU vigente, sin que en ningún momento se justifique la necesidad o conveniencia de permitir esta grave alteración de un paisaje urbano que, precisamente, [la citada Ficha Urbanística CP 065], califica como un referente dentro del paisaje del río".

Desde este comité destacan la vulneración del catálogo de patrimonio del Plan General de Ordenación Urbanística, además de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley Andaluza de Patrimonio Histórico y el incumplimiento de 15 acuerdos y recomendaciones internacionales. "El convenio de Ayuntamiento es un disparate, no podemos olvidar que este edificio tiene un grado de protección muy alto, que es de una calidad arquitectónica tremenda y muy valiosa", destaca el portavoz del comité, Julián Sobrino.

Aunque el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, declaró el mes pasado en un debate sobre el futuro de la fábrica que las zonas verdes no se tocarían, desde Ecologistas en Acción se muestran preocupados por el impacto del proyecto en sus jardines. "Tenemos que velar porque no se eliminen de las zonas verdes, además de por la desprotección que se hace del patrimonio. Hemos basado nuestras alegaciones en estos puntos y en la falta de justificación de las decisiones asumidas en el convenio, como el cambio de usos de suelos, la ampliación de la edificabilidad y la altura de los edificios", detalla Laura Soler, portavoz de Ecologistas en Acción. Según su entidad, se vulneran varios artículos de la LOUA, del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) y del Texto Refundido de la Ley de Suelo.

"El próximo paso va a ser probablemente crear una plataforma entre todos los que defendemos el patrimonio industrial para que se continúe estudiando y haciendo propuestas. Además, hemos pensado en solicitar un mes de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan visitar la fábrica", propone Sobrino.